"El fiscal Pérez acertó cuando calculó que en la oficina de Duarte debería haber información muy importante sobre los vínculos de Chávarry con el fujimorismo".,La mejor ilustración de lo mal concebido que está el sistema de justicia peruano es que, pasado todo lo que ha sucedido, Pedro Gonzalo Chávarry sigue siendo fiscal supremo de la Nación. Ya era alucinante que Chávarry pudiera mantenerse como fiscal de la nación a pesar del repudio de la mayoría del país, de las principales autoridades políticas, judiciales y eclesiásticas, de sus colegas, los fiscales supremos, que le pidieron por unanimidad que renunciara, así como el de su colegio profesional, que finalmente terminó suspendiéndolo por cuatro meses en el ejercicio de la abogacía. Lo más significativo de esta surrealista situación es que, en la defensa de su derecho para dirigir la fiscalía de la nación, Chávarry actuaba bajo el amparo de la ley y esta le extendía una protección tan poderosa como para obligar al presidente de la República a presentar un proyecto de ley al Congreso para intervenir el ministerio público, porque aparentemente era la única manera de sacar a Chávarry del cargo. Chávarry ha demostrado ser un mentiroso contumaz. Mintió cuando negó sus relaciones con el juez César Hinostroza y con el empresario Antonio Camayo, las cuales quedaron en evidencia cuando se hicieron públicos los audios de las conversaciones entre los tres. Mintió cuando negó que Hinostroza y Camayo organizaron reuniones con periodistas para promover su candidatura a la fiscalía de la nación. Mintió cuando plagió las dos terceras partes de su tesis y mintió cuando se prestó a la adulteración de sus notas en la evaluación para ascender a fiscal supremo. Y todo pudo hacerlo con el respaldo de la ley, que bloqueaba cualquier camino constitucional transitado para removerlo de sus cargos. La ley sigue estando en este mismo momento tan de su parte que, según oigo por la radio, la bancada fujimorista, incluido el aprista José Velásquez Quesquén, acaba de bloquear la acusación constitucional presentada por el parlamentario Gino Costa contra Chávarry por los plagios de su tesis y las manipulaciones y adulteraciones de su evaluación. Ha sido bloqueada asimismo la acusación constitucional que se le formuló por la destitución de los fiscales Vela y Pérez. Pedro Gonzalo Chávarry ha sido finalmente echado de la fiscalía de la nación por la vasta movilización nacional que exigía su salida y por una brillante maniobra legal del fiscal José Domingo Pérez, que, al allanar la oficina de un asesor del fiscal de la nación, que era su enlace con la bancada fujimorista, le provocó un ataque de pánico que lo llevó a perpetrar el escandaloso robo de evidencias de las oficinas del ministerio público que, registrado detalladamente en los vídeos de vigilancia del edificio, ha terminado hundiéndolo. La mentira que finalmente lo llevó a la perdición, toca el corazón de su caso jurídico criminal: su relación orgánica con el fujimorismo. Cuando el fiscal José Domingo Pérez allanó la oficina de Juan Manuel Duarte dio uno de los golpes maestros de todo este complejo proceso criminal. Duarte era un personaje clave. Fue contratado por Chávarry en agosto del 2018, al poco tiempo de lograr hacerse nombrar fiscal de la nación, colocándolo como coordinador parlamentario del ministerio público; en otras palabras, el hombre que manejaría sus relaciones con la bancada fujimorista. Juan Manuel Duarte era un personaje ampliamente conocido en los predios fujimoristas; era asesor congresal del fujimorista Bienvenido Ramírez, uno de los parlamentarios comprometidos en el caso de los mamaniaudios. Chávarry tenía como una de sus tareas investigar a Bienvenido Ramírez, lo cual hacía escandaloso que contratara a su asesor y le encomendara el manejo de las relaciones entre el ministerio público y el parlamento. Pero total, Chávarry era el jefe supremo de la institución que lo investigaba por su participación en la banda de Los Cuellos Blancos del Puerto... El fiscal Pérez acertó cuando calculó que en la oficina de Duarte debería haber información muy importante sobre los vínculos de Chávarry con el fujimorismo. Eso lo delata la desesperación con que este actuó; lo hemos visto en las grabaciones de vídeo del operativo que dirigió personalmente para asaltar la oficina de Duarte, lacrada por el fiscal Pérez Gómez, para desaparecer cajas de evidencias. Según Rosa María Palacios, considerando sólo los últimos delitos atribuibles a Chávarry, este puede ser acusado por abuso de poder, obstrucción de la justicia y encubrimiento real, lo cual acumularía alrededor de 16 años de carcelería. A estas alturas Chávarry está desaparecido y su abogado informa que hace días que no tiene comunicación telefónica con él; lo que recuerda el inicio de la fuga del juez César Hinostroza. Pero Chávarry, puesto en evidencia y presuntamente prófugo, sigue siendo hoy día mismo fiscal supremo del Perú. Ese es nuestro sistema de justicia.
