Larga es la vergonzosa historia de las comisiones investigadoras parlamentarias usadas para encubrir crímenes y latrocinios de los líderes políticos. En el primer gobierno de Alan García (1985-1990), el diputado aprista Abdón Vílchez Melo fue designado como presidente de la comisión investigadora de los crímenes del Comando Rodrigo Franco, apadrinado por el aprista Agustín Mantilla Campos y dirigido por el aprista Jesús “Chito” Ríos Sáenz. Vílchez, que también estaba relacionado con los integrantes de la banda paramilitar aprista, concluyó que el CRF no existía. Más de 30 años después, dentro de poco se dictará sentencia contra 6 ex miembros apristas de esta organización que recibió protección tanto en el primer como en el segundo mandato de García. El 25 de junio de 1993, la mayoría fujimorista del Congreso Constituyente Democrático aprobó el informe en minoría de los fujimoristas Gilberto Siura y Jaime Freundt-Thorne, quienes, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, investigaron la masacre de La Cantuta. Mientras que el informe de la mayoría de la comisión concluyó que existían notorios indicios de responsabilidad de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y del general Nicolás Hermoza, así como de la cúpula del Ejército, el fujimorismo se impuso con el argumento de que el profesor y los 9 estudiantes se habían “autosecuestrado” para dañar al régimen. Para baldón del fujimorismo, tres semanas después, el 8 de julio de 1993, los cuerpos de los 10 desaparecidos fueron encontrados en fosas en un descampado de Cieneguilla. Finalmente, los criminales fueron condenados, incluidos Fujimori, Montesinos y Hermoza. Experimentados en actos de encubrimiento e impunidad, en servicios de limpieza política, esta vez el fujimorismo y el aprismo se asociaron primero para que la investigación de los sobornos de la brasileña Odebrecht empiece a partir de 2001, pasando olímpicamente por alto al Alberto Fujimori (1990-2000). Como lo ha documentado IDL-Reporteros, en dicho periodo Odebrecht ganó 28 proyectos multimillonarios, mucho más que la totalidad de obras que obtuvo en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Como lo han confesado los altos funcionarios brasileños, la modalidad que empleaban para ganar los contratos era el pago el sobornos. De modo que se justificaba escarbar las licitaciones durante el fujimorato, especialmente porque al menos tres de los ejecutivos que participaron en los hechos son ahora colaboradores eficaces de la justicia brasileña. En un segundo momento, fujimoristas y apristas confabularon para excluir de las pesquisas a Alan García y Keiko Fujimori, quienes precisamente son investigados por crimen organizado y lavado de activos. Y en un tercer acto, los conspiradores se negaron a tomar en cuenta el informe en minoría porque este implicaba a sus jefes de partido. Ya lo ha dicho en una reciente audiencia el fiscal José Domingo Pérez: muchas veces las organizaciones criminales se infiltran en los partidos políticos para proteger especialmente a los cabecillas. Así que tarde o temprano enfrentarán a la justicia.
