"Ya no hay ninguna salida que no sea acabar con ese Congreso que ha fracasado en representar los intereses y el bien común de los peruanos".,“La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”, artículo 46 de la Constitución. Mantengamos esto en mente mientras repasamos los acontecimientos de los últimos días. En dos años y medio de este gobierno hemos pasado por varias crisis generadas por la familia Fujimori, acostumbrada a trasladar sus dramas y vergüenzas familiares al ámbito público desde donde accionan las distintas palancas de poder que ostentan para su ganancia personal o partidaria (que al final es también personal). La actual crisis llega por cortesía de la hija del sátrapa. La también sátrapa Keiko Fujimori. Esa mujercilla que tras su segunda derrota electoral decidió usurpar el poder presidencial y hacer del Congreso su palacete de gobierno, su mesa de partes, su chacra financista. De paso distorsionando por completo la función legislativa. Si no lo han notado, desde que este gobierno se inauguró en el 2016, primero PPK y luego Vizcarra, no ha habido una semana en la que el poder presidencial no haya tenido que ocupar gran parte de su energía y tiempo en atajar los atropellos de este grupo que tiene más de banda que de partido. Nuestra economía empieza a sufrir estragos, el equilibrio de poderes está roto, y la crisis no tiene visos de mejorar, al contrario, si se leen bien las últimas acciones del fujimorismo y su aliado en la corrupción, el aprismo, veremos que la guerra está declara y que no habrá tregua posible. Uno. El Congreso fujimorista con el APRA, su aliado en lo corrupto, le tiró el salvavidas a Pedro Chávarry, el írrito fiscal de la Nación, al blindarlo de ser acusado por infracción constitucional luego de haber mentido pública y descaradamente sobre su relación con la organización criminal “Cuellos blancos del Callao”. Y no dejemos de recordar que los “Cuellos blancos del Callao” son una organización con vínculos en las bandas de narcos más importantes del Callao (Gerald Oropeza, con vínculos con el Apra). Dos. Tras la histórica detención de Keiko Fujimori, los fujimoristas salieron a advertir que se venía un golpe. Pero las declaraciones, sobre todo de Galarreta, no son como muchos han interpretado una amenaza desesperada. Se trata más bien de una amenaza planificada y en curso de ejecución. El golpe para vacar a Martín Vizcarra ha sido reactivado. Sus supuestas reuniones con Camayo y haber mentido sobre el tema sería la justificación que usen para terminar de arrancharle la banda presidencial. Tres. Aprueban al caballazo en el Congreso la ley Fujimori, sin pasar por comisiones. Ley inconstitucional con nombre propio y en contra de las obligaciones internacionales del Perú. Es además una explícita intromisión al poder del sistema de justicia que acababa de revertir el indulto concedido de manera ilegal y en base a mentiras. La ley jamás se consultó a los familiares de las víctimas de Fujimori. Con esta ley no quedan dudas de que la alianza con Montesinos jamás se ha roto pues también se beneficiaría. Cuatro. Chávarry empieza a devolver el blindaje. Intempestivamente despidió del Equipo Especial Lava Jato a la fiscal adjunta Erika Delgado Torres, importante pieza del equipo de José Domingo Pérez, el probo fiscal a cargo del caso cocteles y lavado que ha llevado a Keiko a prisión. No solo el fiscal Pérez, de viaje cuando Chávarry cometió este atropello, no fue avisado, sino que la fiscal se encontraba en pleno allanamiento a domicilios fujimoristas. Además ella es la encargada de ver los aportes del Partido Aprista. Ante los reclamos, la única respuesta de Chávarry ha sido un comunicado en el que anuncia un “proceso de reorganización estructural” en todas las fiscalías. ¿Qué significa? Que van por Domingo Pérez para consumar el blindaje a Alan y Keiko. Keiko y Alan están aterrados. Por primera vez en sus vidas no controlan las esclusas en los procedimientos legales y saben que sin esas llaves maestras su destino irrevocable es la cárcel. Por eso es que su único y prioritario objetivo es mantener sus palancas de poder en Fiscalía y revertir todo lo actuado contra ellos. Me temo, presidente Vizcarra, que esto no aguanta hasta el 2021. El país no aguanta 3 años con esta paralización y atropellos a cada instante a nuestras leyes y orden constitucional y legal. Los corruptos han acusado recibo de los golpes y no se van a detener. El plan de vacancia a su presidencia por sus ¿supuestas? reuniones con Camayo les resolvería varios problemas mientras mantienen a Chávarry de perro guardián y lavador de delitos. Ya no hay ninguna salida que no sea acabar con ese congreso que ha fracasado en representar los intereses y el bien común de los peruanos. Si Ud., presidente, no lo hace, me temo que la gente clamará, con justicia y por defender a la patria: Insurgencia Popular. #TomaLaCallePerú17 de octubre, primera gran marcha nacional. Y se vienen más.
