Me pregunto si en realidad estamos asistiendo a un auténtico y profundo debate constitucional, que debe buscar repolitizar una sociedad y empoderar al ciudadano.,Hace unos días, en medio de este debate sobre la reforma constitucional, Enrique Bernales, abogado constitucionalista, afirmó que la “democracia es el gobierno de las leyes”. Esta afirmación es polémica porque guarda relación con el sentido mismo de la política, de la democracia y del propio poder. Porque si en realidad la democracia fuese lo que dice Bernales, el poder político en una democracia se transformaría completamente en un “poder jurídico” que acabaría despolitizando a la propia democracia. Dicho en otras palabras y en clave schmitiana esto “significaría la desaparición de la política: la positivización del derecho como presupuesto de una sociedad moderna y como modo de funcionamiento de un aparato estatal burocrático llevaría a que la dominación política se presente como algo obsoleto dentro de una compleja red de normas interpersonales” (Joaquín Abellán). Por eso también la democracia no siempre es el gobierno de las leyes ya que hay momentos “no regulados, no organizados, en los que un poder establece un ordenamiento firme, marcando una clara diferenciación entre actos constituyentes e instituciones constituidas” (Ibid). Es la política la que crea la ley. Pero lo que prima en el país es esta versión jurídica de la democracia, por ello no es extraño que el debate sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy llamada Junta Nacional Justicia, se haya aprobado que este organismo debe estar compuesto íntegramente por abogados con 25 años de experiencia profesional. La idea que la justicia, así como su control y evaluación, es una tarea de expertos y no de ciudadanos, finalmente ha triunfado. Para los congresistas que han aprobado este nuevo organismo no existe la sociedad ni tampoco la justicia como un derecho ciudadano y, por lo tanto, la idea de que la más interesado en fiscalizar la justicia, que no es solo la aplicación de la ley, es la propia ciudadanía. Para ellos, la justicia está a cargo de “expertos”, vía “una compleja red de normas impersonales”, es decir, “despolitizadas”. Por eso me pregunto si en realidad estamos asistiendo a un auténtico y profundo debate constitucional, que debe buscar repolitizar una sociedad y empoderar al ciudadano ya sea mediante actos constituyentes o instituciones constituidas o si más bien principalmente frente a una suerte de cambio de escenario y de recomposición de la imagen presidencial y de legitimidad del propio gobierno. Empeño para lo cual emplea el debate constitucional como vehículo, a un activo movimiento antifujimorismo como soporte social y a una serie de medios de comunicación como aliados políticos. Hay que recordar que el presidente Vizcarra no tiene partido, ni bases organizadas. Su poder depende enteramente del cargo que ocupa, es decir de seguir siendo presidente. Con ello no quiero desmerecer la estrategia del presidente Vizcarra. Porque si su objetivo, diría casi único, es durar hasta el 2021, lo primero que tenía que hacer sin duda –algo en que se demoró, por cierto– era precisar sus relaciones con el fujimorismo en relación a quién manda en este país. Rayar la cancha, nombrar a su adversario y tomar una decisión. Y eso, volviendo a Schmidt, es lo que Vizcarra está haciendo ahora crear una nueva “situación política” que no esta definida por la búsqueda de una nueva normatividad sustantiva ni tampoco por un mandato moral o ética, sino más bien por un tema que se podría decir que es el fundamento de la política: “establecer quién decide en última instancia”. Por eso creo, como ha dicho Juan de la Puente, estamos frente a un “momento plebiscitario”, y añadiría no constituyente, porque lo que está en juego no es la Constitución si no quién manda en el país. El problema es saber si esta estrategia tiene un tiempo ilimitado y si es capaz de mantenerlo en la presidencia hasta el fin de su mandato, porque una vez cumplido el referéndum y pasado un tiempo, lo más probable es que la ciudadanía concluya que su vida no ha cambiado sustantivamente y que el país tampoco. En ese momento el presidente tendrá que tomar una decisión si crea o no “una nueva situación política”, es decir si es capaz de redefinir su poder una vez más y está por verse si tendrá en ese momento el apoyo que ahora tiene.
