Las redes delictivas peruanas ocupan ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo.,Las bases constitutivas del Estado mafioso están en marcha, son la promesa de la vida peruana, una expresión inversa al afán nacional resumido por Jorge Basadre a inicios del siglo pasado. A la forma tradicional de infiltración del delito a la política –especialmente el narcotráfico, contrabando y minería ilegal- una parte importante del sistema ha respondido con una apuesta mayor: la cooptación del Estado de las redes criminales por la vía de una alianza expresa para beneficio mutuo. Se han creado las condiciones para esta evolución. A la capitalización política del crimen concurren varios fenómenos: 1) la existencia de un negocio mafioso, muy lucrativo como nunca antes, resultado de un desarrollo desigual que desborda el Estado con brechas en el acceso al bienestar (tráfico de tierras, seguridad privada, contrabando, al auge de la construcción; 2) la concurrencia de los intereses económicos y políticos de los grupos criminales y de una parte de élite nacional; 3) el control territorial de las mafias locales y regionales, protegidas u objetos de indiferencia; y 4) la inoperatividad del aparato público frente al crimen manifiesto. El negocio mafioso es no solo rentable sino masivo, brinda empleo y seguridad, y es sostenible. El número de distritos y provincias que conviven con el crimen organizado se incrementa al igual que el número de mafias que se estructuran familiarmente. Pasemos del clásico ejemplo del poder del narcotráfico (17 mil presos en cárceles, de un total de 87 mil, y miles participando del negocio) a las redes que establecen las autoridades con grupos dedicados al tráfico de tierras, extorsionadores, tratantes de personas, madereros y mineros ilegales y contrabandistas. A la mexicana, el Perú ya no tiene mafias “puras”; en ellas se encuentran crecientemente policías, militares, alcaldes, regidores, jueces fiscales, gobernadores, etc. Por otro lado, ya no se puede negar que determinadas redes ilegales gozan de protección política y en no pocos casos político-partidaria. En ese contexto, la noticia más desalentadora es que los dos magistrados, estrellas de los audios que se difunden estos días, beneficiaron a la organización criminal “Los Reyes de Puerto Shejo”, del Callao, con reducciones de pena o liberaciones a cambio de dinero, de acuerdo a un colaborador eficaz, cuyo testimonio ha aceptado la justicia, con lo que tendríamos un esquema estructurado de protección judicial, además de la política. Sumando espacios donde se mueven los grupos delictivos protegidos por autoridades que deberían combatirlos, o que operan gracias a la falta de efectividad de los órganos del Estado, tenemos que en un porcentaje del país funcionan grupos criminales con cierta capacidad de movimiento e impunidad. Las redes delictivas peruanas ocupan ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo. El caso del distrito de La Victoria (Lima) es paradigmático: no se trata de los burgomaestres de Chilca, Santa Rosa o Punta Hermosa; a solo 20 cuadras del centro del poder del país, un alcalde organizó un grupo criminal desde el primer día de su gestión, una apuesta delictiva a plena luz del día –cobros ilegales, desvío de cobranzas, extorsión de comerciantes y alquiler de la vía pública- denunciada varias veces, sobre la que se difundieron informes periodísticos, inclusive. En este caso, con esfuerzo, los valientes vecinos se enfrentaron al grupo criminal y junto a la organización Iniciativa Ciudadana formaron un comité de vacancia. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no retiró al alcalde mafioso de su cargo en marzo de este año, luego de una votación rocambolesca: solo un miembro del JNE respaldó la vacancia; otro votó porque se declare infundada la tacha interpuesta por el alcalde contra las pruebas presentadas, pero no votó en favor de la vacancia; un tercero pidió tres días de plazo para que el alcalde responda los cargos, y tampoco votó por la vacancia; y los otros dos votaron porque se convoque una nueva sesión del municipio de La Victoria para tratar la vacancia. Y así se hizo; el Perú es el país donde 2 votos son mayoría de 5.
