La corrupción judicial extiende sus vínculos al Congreso de la República, al JNE y a la ONPE (su jefe también está suspendido). Pero el crimen contra la administración pública no acaba ahí.,Esta semana, mientras continúa la sangría de audios que involucran a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, Pedro Chávarry, electo y ratificado fiscal de la Nación por los dos votos de sus colegas –que también tienen audios– se aferra al cargo con lo poco que puede. Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia del Poder Judicial, todo el CNM fue removido y César Hinostroza sigue suspendido, a la espera, con otras “altas autoridades del Estado”, que finalmente el Congreso los destituya por infracción a la Constitución y se les procese penalmente. Adicionalmente, 19 jueces de la Corte Superior del Callao han sido suspendidos por la OCMA mientras duren las investigaciones. El número, para una sola Corte, no tiene precedente. La corrupción judicial extiende sus vínculos al Congreso de la República, al JNE y a la ONPE (su jefe también está suspendido). Pero el crimen contra la administración pública no acaba ahí. Esta semana fue detenido el alcalde La Victoria en Lima, con 22 cómplices, a los que lideraba en una organización criminal que cobraba sobornos por 25 millones de soles anuales en las calles comerciales del distrito. No es el único alcalde. Solo en Lima, de diciembre a la fecha están detenidos Chilingano (Villa María del Triunfo), Arce (Santa Rosa) Barthelmess (San Bartolo, no habido) y Cuba (La Victoria). Cuatro de 42 (10%) alcaldes de la provincia de Lima en un solo semestre. Es una cifra altísima de corrupción. Lo alarmante es que no actúan solos. Dirigen organizaciones criminales que van desde la extorsión hasta el sicariato. El fenómeno se repite en todo el Perú. Hay otros, por cierto. Unos que pasan “caleta” protegidos por la necesidad de sus votos. Lo que sucede en el Congreso es un escándalo que abarca toda la administración Galarreta. Hay tres congresistas sentenciados a los que no se les levanta la inmunidad de arresto para que cumplan sus condenas. No se trata de indicios, ni investigaciones preliminares ni de acusaciones fiscales. Tampoco de procesos judiciales en curso. Son sentenciados. Ya acabaron sus procesos por hechos anteriores a su mandato parlamentario. El Reglamento del Congreso señala con claridad que la inmunidad no alcanza a estos hechos. Sin embargo, no les pasa nada. No se le toca y el tema se esconde. ¿Quiénes son? Benicio Ríos, APP, Cusco. Cuando fue alcalde provincial de Urubamba el 2009 compró un terreno para relleno sanitario. El vendedor pedía 250.000 dólares y él mandó pagar 423.000 dólares. Imaginarán quien se lleva la diferencia. Eso es colusión. Le dieron 7 años. Sigue en la lista Zacarías Lapa, Frente Amplio, Huancavelica. El 2015, como director del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, participó en la contratación de dos personas sin calificaciones para los cargos. Le dieron 4 años 8 meses por negociación incompatible. Finalmente, Guillermo Martortell, Fuerza Popular, Tacna. El 2010, como miembro del directorio de la Zona Franca de Tacna, terminó cediendo en uso un terreno para beneficiar a su familia. Le dieron 5 años por colusión y 3 de inhabilitación para la función pública. ¿Por qué son intocables? Porque Fuerza Popular necesita sus votos. ¿Esta componenda no es acaso también un acto de corrupción? La mesa directiva que presidió Luis Galarreta no hizo nada por entregar a estas personas a la justicia y la actual –bien advertida de la situación– menos. ¿Puede este Congreso –veloz en el desafuero de Kenji Fujimori– juzgar con imparcialidad a “las altas autoridades” que tienen derecho a antejuicio? ¿Con este antecedente? La inmunidad parlamentaria y el antejuicio político son instituciones creadas para impedir la persecución política. En el Perú han sido prostituidas para convertir al Congreso en una guarida de ladrones. ¿Hasta cuándo? Lo mejor es acabar con ellas para siempre.
