Los casos de Áncash y el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para suprimir las redes corruptas.,Según el académico venezolano Moisés Naím, el Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva, donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio. El actual escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Ya no se puede argüir que se trata del contagio brasileño a un sistema supuestamente honrado, o la evolución lineal de nuestra larga historia de corrupción reseñada en el texto de Alfonso Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú. Lima. 2003. IEP). Tampoco sería apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, aunque sostengo que los audios de julio nos colocan en otro nivel. Para allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional en sus dos recientes grandes ciclos, 1990-2000 y 2001-2016, el primero en un contexto autoritario y el segundo en una etapa democrática. En un análisis inicial, el colega César Romero (La República) identifica en el caso de los audios, dos redes delictivas. La primera –la Red Nº 1- encabezada por un vocal de la Corte Suprema, que se habría infiltrado en la Corte Superior de Justicia del Callao y en el distrito fiscal del Callao. La otra –la Red Nº 2- la encabezaría un antiguo operador montesinista, cuyo grupo, al que pertenece el dueño de una universidad de reciente data, habría tomado el CNM y la ONPE. Lo difundido hasta ahora demuestra que las altas instancias de la fiscalía y el Poder Judicial (PJ) han sido por lo menos tocadas por ambas redes, de modo que su descubrimiento ha impedido un daño mayor. La cuantía del daño está pendiente y por una razón añadida. Se precisa de un estudio en profundidad de la existencia de una tercera red, es decir, el concurso de políticos que desde otras posiciones en el Estado se sirvieron de las redes 1 y 2 para sus fines especiales en lugar de identificarlas para suprimirlas. Siguiendo la lógica de Naím, estaríamos ante un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, una toma del poder no tradicional pero que implica el matrimonio entre la política y el crimen. En eso reside la gravedad que reportan los audios, y por esa razón fue correcto apagar la luz del CNM e iniciar un proceso de reforma que debería terminar en un cambio constitucional que disminuya el alto nivel de discrecionalidad que le otorga la Constitución vigente, y modifique su composición y la forma de elección de sus miembros. Por lo mismo, es urgente atender la virtual acefalía de la ONPE y recuperar su estándar de transparencia. Los casos de Áncash y el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para suprimir las redes corruptas. Son los botones de muestra del Estado mafioso que nos espera. En estas regiones, las redes sobrevivieron y se adaptaron y por lo menos en un caso, el Callao, su fortaleza se debe a la relación intensa entre el crimen, la justicia, el poder político y en algún momento la policía. En Áncash, luego del estallido de la corrupción, el sistema judicial no culminó la limpieza. Ese año, 2014, la OCMA y su ente de control de la corte superior sancionaron a 52 servidores judiciales, entre magistrados y auxiliares, menos que el año anterior, y en los tres siguientes años, a 84 servidores. Al momento de redactar esta nota, no tenía los datos del Ministerio Público. A nivel nacional, una revisión de las sanciones del órgano de control del PJ arroja el incremento brusco de sanciones (a 2.074 servidores el año 2015; 3.949 el año 2016; 5.361 el año pasado; y 2.483 en lo que va del año). La cifra de más de 13.800 sanciones en tres años y medio es alta y meritoria. No obstante, quizás porque el número de auxiliares es mayor a la de magistrados, o porque la pita se rompe por el lado más débil, las sanciones a los jueces y vocales no supera el tercio del total. Asimismo, la mayoría de las sanciones son amonestaciones y multas. Desde el 2015 a la fecha solo han sido suspendidos 169 magistrados, y sobre 132 pesa la propuesta de destitución. http://juandelapuente.blogspot.pe
