"Los audios del escándalo han puesto en evidencia la profunda imbricación entre los aparatos mafiosos del sistema de justicia y el aprofujimorismo".,En vísperas de un nuevo aniversario patrio, el escenario político está marcado por el escándalo de la corrupción en el sistema de justicia. Este viene mostrando amplias ramificaciones en los otros poderes del Estado. Aparte del obvio interés por el discurso presidencial de Fiestas Patrias hay expectativa por conocer la propuesta de reforma del sistema judicial que presentará la Comisión Wagner y está planteada la interrogante de si Martín Vizcarra presidirá el desfile militar compartiendo la tribuna de honor con corruptos o si podrá hacer algo para evitarlo. Luego de un par de meses de aceptar silenciosamente las imposiciones del fujimorismo el presidente Martín Vizcarra decidió enfrentarlo en un tema que recogía un gran clamor nacional: la destitución de los magistrados integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La bancada fujimorista decidió no ir a un enfrentamiento en un terreno donde tenía las de perder, evitando así darle un pretexto al presidente para plantear una cuestión de confianza que podía haber terminado en una censura al gabinete ministerial y la disolución del Congreso. En lugar de eso Luis Galarreta se allanó prontamente a convocar el pleno extraordinario del Congreso, para aprobar la destitución de los miembros del CNM que todo el país pedía, lo que se hizo por unanimidad. Martín Vizcarra ha sincronizado con la gran movilización nacional contra la corrupción: la última encuesta de GfK muestra que el respaldo al presidente se ha mantenido, mientras que el Parlamento y Luis Galarreta han caído al 8% de respaldo, lo que probablemente sea un récord histórico Los audios del escándalo han puesto en evidencia la profunda imbricación entre los aparatos mafiosos del sistema de justicia y el aprofujimorismo. Esto no es un resultado sorprendente. La investigación de Jaime Antezana sobre la penetración del narcotráfico en la estructura política comprobó que en la bancada fujimorista hay 14 narcoparlamentarios, y de ellos 10 son “cabezas de firma”, es decir jefes de una banda delincuencial. No se trata de una relación entre el Parlamento y el narcotráfico sino de una representación política directa de los intereses del negocio de la droga en el Congreso. Por el lado del Apra, Gerald Oropeza, firmemente ligado a la dirección del partido de la estrella, es uno de los delincuentes que, conjuntamente con Gerson Gálvez, “Caracol”, provocó las escuchas que destaparon una parte de la trama de la corrupción que atraviesa al Estado peruano. Por eso no es de sorprender que la juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, llevada adelante a pesar de los serios cuestionamientos éticos que pesan en su contra y sin la presencia del Presidente ni de ninguna otra autoridad significativa, con la excepción del presidente de la mesa directiva del Congreso, Luis Galarreta, haya sido saludada con júbilo por aquellos a los cuales supuestamente el nuevo fiscal de la Nación debería investigar: los fujimoristas. El entusiasmo con que los naranjas, incluyendo a Juan Luis Cipriani, han saludado la juramentación de Chávarry es la mejor demostración de qué puede esperarse si éste dirige la lucha anticorrupción. No es accidental que en uno de los audios que le han grabado a Chávarry este aparezca tramando cómo deshacerse del fiscal Concepción Carhuancho, el mismo al que Alan García y Keiko Fujimori han intentado sacar del caso Lava Jato, sin éxito, al menos hasta ahora. El apoyo del fiscal de la Nación Pablo Sánchez fue clave para que avanzara la investigación del megaescándalo de la constructora brasileña. La expectativa de los fujimoristas es que el nuevo fiscal ayude a empantanar la investigación o la entregue a magistrados corruptos, cuya sentencia se pueda comprar. Se habla ahora de apartar de la investigación al fiscal Hamilton Castro. La estructura de la corrupción que muestran los audios corre a través de diversas redes mafiosas que integran el sistema nacional de justicia. Éstas venden la justicia más o menos abiertamente, y los delincuentes que las frecuentan tienen que solventar desde la demanda de un depósito de “10 verdecitos”, con garantía comercial de devolución del dinero si el asunto no sale a gusto del cliente, hasta la existencia de tarifas fijas de 30,000 dólares por fiscal para limpiar el expediente de un narcotraficante. Por supuesto cuando se trata de empresarios comprometidos en negociados por miles de millones de dólares la tarifa debe ser bastante más suculenta. Buena parte de los 17,000 millones de dólares de deudas que las grandes empresas tienen con el Estado están judicializadas, y sobornar a un juez corrupto constituye la mejor manera de empantanar un proceso y dejarlo en un limbo jurídico, en el cual no es necesario honrar las deudas. ¿No les parece extraño que los gremios empresariales guarden silencio?
