Los perjudicados tienen todo el derecho de pedir nuevos juicios, con magistrados probadamente honestos.,Cuando hace un tiempo apareció la noticia de un horrible gusano descubierto en una lata de atún, la familia dejó de comprar el producto, de cualquier marca. Los mercadotécnicos deben tener alguna palabra para este tipo de pérdida de confianza. El asunto cae a pelo ahora que se ha abierto una lata de gusanos en el Poder Judicial. ¿En manos de quiénes están nuestros intereses? ¿Cómo saber que estamos frente al juez justo? ¿Cómo seguir consumiendo justicia peruana? Lo hacemos presumiendo que los funcionarios malandrines detectados son la excepción. Algo posiblemente cierto, pero que ahora necesita urgente demostración. Pues hay una suspicacia que está haciendo pagar justos por pecadores. Más allá de sus contenidos específicos, los audios de estos días sugieren la vigencia de toda una cultura de la corruptela en los tribunales, con lenguaje, códigos, sobreentendidos propios, que coexisten con el trámite regular y honesto de los trámites de la justicia. Las consecuencias de la conducta delictiva de un funcionario judicial detectado son enormes. No solo echa una sombra de duda sobre todo el gremio. También descalifica todo lo actuado por esa persona. Por lo pronto las actuaciones en que han participado mal pueden ser consideradas cosa juzgada, sino reales asaltos, con víctimas a la vista. Los perjudicados tienen todo el derecho de pedir nuevos juicios, con magistrados probadamente honestos. Lo cual implica un número enorme de casos y de personas. Podemos pensar en una suerte de fonavismo frente a los tribunales del país. También los peligros de la retroactividad frente a las injusticias del borrón y cuenta nueva. Todas estas preocupaciones significan que el castigo a los infractores no basta por sí mismo, si no se llega a un sistema operativo capaz de minimizar el número de infracciones, y convertirlos en efectivamente excepcionales. El otro camino supone una cacería interminable de infractores, en un sistema cuya incapacidad para atajarlos es pública y notoria. En las actuales circunstancias no hay manera de establecer de manera rápida y eficaz la posible deshonestidad de un funcionario judicial. Los esfuerzos existen, y estamos presenciando la historia de éxito de uno de ellos. Pero cuesta creer que el puñado de bribones detectados hoy es significativo en el panorama de la corrupción judicial en el Perú.
