Han aparecido desde Fuerza Popular algunas voces sensatas a favor de modificaciones a la Ley Mordaza. Esto se debe a algunas de las evidencias no tomadas en cuenta a la hora de lanzar la Ley: ° La publicidad estatal en medios privados no es un capricho de los gobiernos, sino una necesidad práctica en áreas sensibles de sus relaciones con la población. Se pensó en los grandes medios, pero existen cientos de medios medianos y pequeños por todo el país, desde los cuales el Estado da información vital. ° La publicidad estatal no tiene para los medios privados la importancia comercial que los promotores de la Ley supusieron. En algunos casos, como el de este diario, incluso es deleznable. ° El Ejecutivo está dispuesto a dar una batalla constitucional y política por los derechos establecidos en la anterior ley de publicidad estatal. Incluso está obligado a ello. Lo cual trae de regreso el tema del obstruccionismo parlamentario del 2017. ° Los problemas que causará la falta de comunicación suficiente de parte de los diversos niveles del Estado van a ser cargados por la población a la cuenta del Congreso. Las quejas por comunicación insuficiente de los medios estatales no van a tardar en aparecer. ° El argumento de que los medios del Estado bastan para sus necesidades publicitarias es endeble. El gobierno ya los usa, pero la publicidad privada, siempre atenta a la eficiencia de su gasto, casi no les hace caso. Además se coloca a los medios estatales en una posición monopólica respecto de la publicidad estatal, lo cual también es un problema legal. ° La frecuentísima aparición de congresistas en medios privados servirá para recordarle constantemente al público el doble estándar que significa la ley: no hagas negocio con el Ejecutivo pero subsidia publicitariamente al Legislativo. Lo correcto sería que solo aparecieran en medios estatales. Por esto y otros motivos lo mejor sería que una modificación de la Ley Mordaza retome la anterior ley y se aboque a perfeccionarla, con calma y punto por punto, en los aspectos que corresponda. Mientras tanto se podría liberar los avisos estatales más evidentes, es decir los que orientan al público hacia algunos servicios indispensables.
