Aprobando la Ley Mordaza, el fujimorismo y el Apra han cruzado una frontera.,Lo primero que hay que hacer para sacar adelante una medida antidemocrática como la Ley Mordaza es deformar la realidad. Construir una narrativa repitiendo por todos los canales posibles (políticos coordinados, trolls en las redes sociales, periodistas a sueldo) que hay un enemigo poderoso, mezquino, interesado, que los dineros del Estado podrían servir para hacer obra pública, beneficiar a los ciudadanos, pero son gastados en sobornar a una tanda de aprovechados, inescrupulosos, vendidos, malos peruanos, «mermeleros». No importa la verdad. Que la verdadera intención sea vengarse o amansar a esa prensa que «hizo perder» a Keiko Fujimori. Que detrás de la medida se encuentren dos movimientos políticos —el Apra y el fujimorismo—, que nunca se plantearon algo semejante cuando fueron gobierno. Que todavía se recuerde los tiempos del régimen de Alberto Fujimori, cuando Vladimiro Montesinos compraba la línea editorial de los canales de televisión, fundaba diarios chicha para humillar públicamente a sus adversarios, mantenía una corte de geishas con dinero público, planeaba operativos contra hombres de prensa críticos, llegando a secuestrar a alguno como Gustavo Gorriti. Que los verdaderos periodistas «mermeleros» hayan sido quienes se vendieron por ese entonces, o lo sean quienes ahora reciben cargos públicos como recompensa por su lealtad perruna, para desde ahí seguir obedeciendo a sus patrones, apuntalando sus campañas más bajas que sean, sin sonrojarse al traicionar los principios elementales de la profesión. O que la Ley Mordaza sea el último eslabón de un proyecto autoritario descarado, resultado de aplicar el plan de gobierno de Fuerza Popular desde el Congreso, como anunció Keiko Fujimori. Aprobando la Ley Mordaza, el fujimorismo y el Apra han cruzado una frontera. Ahora incluso los analistas más ingenuos y despistados, aquellos que luego de varios ministros echados, de una ofensiva frontal contra la torpe, frívola y opaca presidencia de PPK, y de cometer barbaridades como modificar la Constitución retocando el reglamento del Congreso, emplear la comisión Lava Jato como una lavandería para los amigos y un matadero para los enemigos, legislar a favor de todas las mafias imaginables o contar con elementos como el montesinista Walter Jibaja para articular su guerra sucia, siguieron aconsejado a Martín Vizcarra que buscara entenderse con el fujimorismo. Al oponerse a la Ley Mordaza, el Presidente Vizcarra le ha dicho a la mayoría del Parlamento que no todo es negociable. Existen unos mínimos que deben ser respetados si queremos que nuestra frágil democracia sobreviva y no caigamos en el pozo oscuro de dictaduras iguales o peores a la de Nicolás Maduro (como recordó el presidente de la Asociación Internacional de Radio: «Ni siquiera en Venezuela hay una norma como la Ley Mulder»). Exponiendo su crítica frontal a esta norma autocrática y anunciando que pedirá su inconstitucionalidad, el Ejecutivo se coloca del lado correcto de la historia, frente a un bando sin escrúpulos, que extrema su ofensiva totalitaria con cada día que pasa. Un bando en el que, por lo demás, hace rato no se puede confiar.
