Las declaraciones de Jorge Barata siguen mostrando diversas miserias de nuestras élites políticas y económicas.,Las declaraciones de Jorge Barata siguen mostrando diversas miserias de nuestras élites políticas y económicas. Algo paradójico del caso peruano, a diferencia de otras sociedades, es que la indignación y rabia de la ciudadanía está contenida, no se canaliza en movilizaciones masivas ni en movimientos que demanden cambios concretos. Hasta el momento no hay propuestas ni referentes que logren dirigir esta frustración, en buena cuenta por la sensación de que todos, de una forma u otra, son parte de la cochinada. Siempre he pensado que esta actitud apática de una parte de la población tiene algo de positivo: ayuda a inhibir el surgimiento de los típicos políticos hipócritas y charlatanes que prometen grandes renovaciones. Pero es evidente que también tiene consecuencias negativas, la principal no procesar políticamente las crisis hacia procesos de aprendizaje y construcción institucional. Pensando en esa agenda constructiva, propongo cuatro temas, unos más inmediatos que otros, que podrían ayudar a darle dirección a esta indignación. No son novedosos, se han repetido en estos días, pero creo vale la pena ponerlos juntos. Pueden tener consenso entre esa mayoría de ciudadanos que quieren que se avance en las investigaciones como en la prevención del tipo de corrupción observada. Sobra decir que son difíciles de concretar. Primero, lo más urgente es estar atentos para denunciar y rechazar pactos de impunidad de políticos y empresarios. No olvidemos que los aportes de campaña son solo un paso hacia lo que realmente nos interesa como sociedad: conocer qué se entregó a cambio del dinero. En esto la prensa crítica que nos queda y algunos portales de investigación periodística son cruciales para señalar cualquier medida de impunidad desde el Ejecutivo o el Congreso, por sutil que sea. Además es necesario apoyar a la Fiscalía. Contra la desconfianza generalizada y las predicciones más pesimistas, la Fiscalía ha demostrado que está dispuesta a comprarse el pleito y golpear a actores con mucho poder. Al mismo tiempo este apoyo no puede ser acrítico, hay que vigilar lo que pasa a su interior. Todavía el Ministerio Público es una entidad que depende de personas, no goza de alta calidad institucional. Ojalá eso cambie en el futuro, pero hoy no podemos descuidarnos frente a posibles relevos sea de su dirección o de los fiscales a cargo de las pesquisas. La mejor forma de detener una investigación es poner a un mediocre o a un corrupto a cargo de la misma. Tercero, adoptar medidas para controlar los fondos de campaña y evitar el financiamiento secreto. Ya es evidente que el gobierno y quienes hoy controlan el Congreso no adoptarán estas reformas. En esto la Asociación Civil Transparencia, congresistas libres de sospecha y grupos políticos que quieran marcar una clara diferencia con los investigados (o con su propio pasado) deben dirigir y presionar por una reforma a fondo que no solo cambie leyes sino que dote de herramientas y recursos a los órganos electorales para lograr una fiscalización efectiva. Finalmente, y más ambicioso, es necesario fortalecer tanto a los órganos de investigación criminal, contraloría y reguladores. Debe quedar claro de todo esto, como se ha señalado hasta el cansancio, que quienes diseñaron las reformas de mercado de los noventa se centraron en reducir el papel del Estado en la economía y atraer inversiones, pero no en construir una institucionalidad para controlar a actores privados que en el nuevo esquema tendrían gran poder. Ingenuidad libertaria noventera (que le dura a varios todavía) pero también cercanía a esos intereses privados y corrupción, explican este “descuido”. Curiosos liberales, que ven al monstruo en el Estado, pero minimizan los efectos nocivos de la concentración del poder privado, la influencia de castas y jerarquías en los asuntos públicos. Aquí hay una agenda de fortalecimiento estatal que requiere mucha cabeza, conocimiento del Estado y capacidad de dirección política. Todos retos muy complicados para una sociedad política famélica y sin liderazgos con legitimidad. Pero retos urgentes, pues sin esos cambios lo que hoy vemos con seguridad se volverá a repetir.
