¿Qué consecuencias tendrán estas revelaciones? ¿Estamos en la antesala de un proceso de detenciones masivas?,Las declaraciones que Jorge Barata ofreció esta semana a la justicia peruana han confirmado las peores sospechas. Ahora sabemos que no hay excepciones, que todas las figuras emblemáticas de nuestra clase política financiaron una parte de sus campañas con los dineros de Odebrecht, la gran corruptora brasileña. El miércoles, Barata reiteró que la campaña de Ollanta Humala en 2011 recibió tres millones de dólares, gestionados por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Al día siguiente afirmó que ese mismo año se destinó más de un millón de dólares para la elección de Keiko Fujimori, entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Que Avi Dan On recibió 700 mil dólares como apoyo para Alejandro Toledo. Que Pedro Pablo Kuczynski fue beneficiado con 300 mil dólares y su intermediaria fue Susana de la Puente. Que su primera experiencia apoyando una campaña fue en 2006, cuando Luis Alva Castro recibió 200 mil dólares a nombre de Alan García. Que además de las elecciones, suministró un aporte de tres millones de dólares para que Susana Villarán se defendiera de su revocatoria. Ninguna de estas afirmaciones constituye una verdadera sorpresa. Marcelo Odebrecht había anticipado toda esta podredumbre, cuando declaró que su empresa tenía por política favorecer a todos los candidatos con proyección. Pero al aterrizar en el detalle, señalando los nombres y los montos recibidos, el paso dado por Jorge Barata ha resultado sorprendente y definitivo. ¿Qué consecuencias tendrán estas revelaciones? ¿Estamos en la antesala de un proceso de detenciones masivas? ¿Habrá que comenzar con urgencia las obras de ampliación en la Diroes? Con el antecedente de Ollanta Humala y Nadine Heredia tendría que ser así, pero lo más probable es que los nuevos señalados por Barata no corran esa misma suerte. Una excepción sería Susana Villarán, quuien se desempeñaba como alcaldesa de Lima cuando se desembolsó el dinero. Ahora que es su cuello el que está en juego, los políticos señalados y sus periodistas afines (que celebraron con verdadera fanfarria la prisión preventiva de Humala y Heredia), parecen haber descubierto de milagro que estos hechos no constituyen lavado de activos. Más allá de este ejercicio de descaro, lo que venga servirá para medir la independencia, firmeza, confiabilidad y coherencia de nuestro sistema de justicia. Las consecuencias de este caso no deberían limitarse a los tribunales. Para comenzar, no puede seguir existiendo la comisión Lava Jato del Congreso, al menos no con su actual composición. Debe aprobarse una nueva ley electoral, una que de verdad ayude a la transparencia, permita fiscalizar los fondos de campaña y establezca penas efectivas para quienes reciban aportes indebidos. Debe emprenderse una seria regeneración de nuestra clase empresarial, ahora que se conocen el caso de la Club de la Construcción y se sabe que la Confiep fungió como intermediario de Odebrecht. Pero la principal tarea le compete a los ciudadanos. De una vez por todas debemos comprender que tenemos serias responsabilidades y estamos obligados a asumirlas. A nosotros nos toca criticar y espulgar a esta clase política deplorable, y nunca volverle a abrir las puertas a aquellos que ven la función pública como una oportunidad para beneficiarse, no para servir a los demás.
