Los términos de la Justicia han sido mellados con la dación de un indulto que no observa ninguno de los requisitos legales, que materializa la percepción de que la justicia no es igual para todos, y que solo confirma que una facultad presidencial fue abusada como mercancía política para que el presidente pudiera salvar el puesto.,Este gobierno está configurando un escenario muy peligroso para el orden y la paz social. Cada decisión que toma, o que deja que Keiko tome, está agudizando la percepción del abuso, de la inequidad y de la injusticia. Cada decisión y acción que Keiko y PPK van ejecutando, está ahondando la brecha entre los que tienen todo: poder, dinero y privilegios, y quienes no tienen nada. Cada acción y decisión producto de esa competencia encarnizada de poderes solo está exacerbando la sensación de que la agenda prioritaria de quienes dirigen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es privada: salvar el pellejo propio a costa del país. Un elemento adicional que enerva esa pelea por el poder son las investigaciones por actos corruptos que podrían acabar con la posición de dominio de las cabezas de esas facciones: Keiko y PPK. Y es que buscan ganar tiempo para manipular las instancias del poder que los investiga: el Judicial. Y como esa es una variable con gran carga de incertidumbre para ellos –porque no todas las instancias de ese poder les son fácilmente accesibles (justicia de Brasil o jueces y fiscales que, los hay, no se corrompen)–, esa incertidumbre añade a su desesperación y a las decisiones que toman y suman al caos actual del aparato institucional. Es muy grave, si oteamos el panorama general, cómo esta competencia por el poder, que corre en paralelo con sus carreras por asegurarse impunidad, viene haciendo que el país retroceda en principios esenciales para la calidad de una democracia: Justicia, Anticorrupción, Derechos Humanos, Derechos Laborales, Institucionalidad y Educación están seriamente amenazados. Los términos de la Justicia han sido mellados con la dación de un indulto que no observa ninguno de los requisitos legales, que materializa la percepción de que la justicia no es igual para todos, y que solo confirma que una facultad presidencial fue abusada como mercancía política para que el presidente –en problemas por acusaciones serias de corrupción– pudiera salvar el puesto y seguir ganando tiempo para negociar con su poder la impunidad que lo salve de prisión. Pero no es lo único que viene perforando los términos de la Justicia. La convenida concesión del Ministerio de Justicia al Apra es una evidente componenda para atajar conjuntamente un grave problema de los implicados (PPK/AG) con Odebrecht. Ambos detentan distintos tipos de poder en instancias que pueden complementarse para blindarse mutuamente. No es casual que el fiscal Vela nos acabe de poner sobre aviso –para que nos vayamos haciendo a la idea y el impacto de la componenda sea diluido– de que en el próximo interrogatorio a Barata los fiscales peruanos no preguntarán por AG ni por PPK. Tampoco es coincidencia que ese mismo ministro, Mendoza, se haya encargado de boicotear el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018- 2021 recientemente denunciado por la Coordinadora Nacional de DDHH como un fraude, porque configura un retroceso grave en DDHH y una puñalada a la sociedad civil con la que se habían consensuado delicados temas eliminados en la versión aprobada por el Minjus. Tampoco es coincidencia que en la batalla por asegurarse impunidad, keikismo y aprismo se unan para infiltrar el TC con la excusa del El Frontón (que al Apra le conviene detener). Así ambos se asegurarían el control de la máxima instancia constitucional del país, donde cualquier caso que les atañe puede confirmarse o morir. El Consejo Nacional de la Magistratura es otra institución que el fujimorismo está en camino de controlar; cuando lo logre, controlará a qué jueces y fiscales se elige o destituye en todo el país. El tema de la Educación es tan grave o más. Revertir todo lo avanzado en fiscalización de calidad de la educación como lo está haciendo el gobierno es criminal, solo beneficia a empresas con fachada de universidades que estafan a la gente robándoles su dinero a cambio de pésima o ninguna real educación. Marco Sifuentes ha dicho que PPK parece estar dispuesto a sacrificar a la juventud por salvar su pellejo. Yo creo que PPK está dispuesto a sacrificar todo lo que importa en un país: la educación, la justicia, la memoria, la historia, la equidad, la lucha anticorrupción, la institucionalidad, la salud (lobbies farmacéuticos y de industriales de la comida chatarra), la economía (sueldo mínimo, lobbies empresariales contra los derechos laborales), todo por su pellejo. Todo lo público y nacional es ahora mercancía privada del presidente para negociar su permanencia en el poder. Y mientras abusa de esa manera perversa su cargo, hunde al país, ahonda las brechas, exacerba la indignación y cocina un peligroso caldo de cultivo para la anarquía y la violencia. Alguien tiene que detenerlo.
