Ahora bien: tolerancia y concertación, para ser conducentes, demandan inexorablemente un tercer término, que es la inclusión. Los acuerdos excluyentes son, a larga, perniciosos.,Si el Presidente consigue mantenerse en el cargo, lo que seguirá es una guerra de guerrillas verbales, cada vez más agresiva. Si el presidente, a pesar de la Constitución, es vacado, nada garantiza que al nuevo presidente no le ocurra lo mismo. La incertidumbre que vivimos desborda la coyuntura de hoy y tiene su más cercano antecedente en el año 2000. Ahora, como entonces, tenemos que asumir que no hay vida democrática sin tolerancia recíproca, como lo acaban de constatar Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias”. En democracia el otro deber ser un rival, no un enemigo. Por eso la democracia se define como un mecanismo para la resolución pacífica de los conflictos. No como la ausencia de conflictos, sino como el sistema que permite resolverlos sin recurrir a la violencia. Es decir, en base a la tolerancia y a la concertación. No a una retórica, vacía e ininteligible “reconciliación”, Hay ejemplos relevantes de tolerancia y concertación en el Perú: El primero es el de la Mesa de Diálogo de la OEA cuya composición tripartita – gobierno, oposición y sociedad civil – orientó la transición del año 2,000 hacia la democratización e institucionalización del país, que, creíamos, iba a ser, duradera. El segundo es el Acuerdo Nacional (AN), que propusimos al Presidente Paniagua desde Transparencia, y que fue diseñado, en el gobierno de Toledo, principalmente por Juan de la Puente, como un espacio también tripartito: el gobierno, los siete partidos políticos con representación parlamentaria y siete organizaciones sociales. Máxima inclusión, ninguna exclusión. En el AN se aprobaron por unanimidad, las políticas de Estado hacia el bicentenario, algunas de las cuales – 6% del PBI para la educación, 18% de presión tributaria – siguen como asignaturas pendientes, en un ambiente en el que el debate ha sido sustituido por el intercambio de insultos y descalificaciones. Tercer, y crucial, ejemplo: la reivindicación marítima frente a Chile y el juicio de La Haya, fueron una genuina política de Estado: (1) por la participación de todas las fuerzas políticas y sociales; y (2) por su continuidad a lo largo de tres gobiernos democráticamente electos. Así lo constatamos fehacientemente, cuando, en el 2011, ratificamos y ampliamos la brillante representación peruana ante La Haya y cuando nos reunimos con los distintos sectores sociales, incluso con el crítico Grupo Basadre. Ahora bien: tolerancia y concertación, para ser conducentes, demandan inexorablemente un tercer término, que es la inclusión. Los acuerdos excluyentes son, a larga, perniciosos. Hay ejemplos cercanos en Venezuela y Colombia, que fueron los únicos países sudamericanos que no sucumbieron a la ola de golpes militares iniciada en Brasil en 1964. Desde fines de los años 50, en Venezuela regía el Pacto de Punto Fijo, creado a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. En Colombia emergió, casi simultáneamente, el Frente Nacional, luego de la dictadura de Rojas Pinillas. En lo sustantivo, ambos fueron pactos bipartidarios, excluyentes. Evitaron los golpes de Estado, pero marginaron al resto de cada país (con el fantasma del peligro de la izquierda). El resultado fue, en Colombia, el fortalecimiento de las guerrillas (M19, FARC, ELN), y en Venezuela la irrupción popular de Chávez que terminó en Maduro, que no tiene nada de izquierda y todo de dictadura. Un pacto exclusivamente binario en el Perú de hoy podría dar un respiro coyuntural, pero a la larga terminaría en la mayor debacle de la vida democrática, ya de suyo bastante venida a menos.
