Junto con algunos fiscales, el principal obstáculo para conseguir la delación ha sido el procurador ad hoc Jorge Ramírez.,La carrera por la declaración de Jorge Barata debió salvar ayer su último obstáculo. A la hora que escribo estas líneas es imposible conocer el resultado de la reunión que sostuvieron el abogado Carlos Kauffmann y los representantes del Ministerio Público, donde se buscaba absolver las últimas dudas que la defensa del ex superintendente de Odebrecht en Perú mantenía sobre la delación programada para finales de febrero. Éstas se fundamentan en la conducta de varios agentes del Estado peruano, que han hecho lo indecible para impedir que Barata amplíe lo dicho en enero de 2017. Aquella fue la piedra angular de las investigaciones que han registrado algún avance, como los casos de Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Susana Villarán o las actuaciones del MTC para la concesión de los tramos I y II del Metro de Lima durante el gobierno de Alan García. Si tomamos en cuenta que se trató solo de una declaración preliminar, comprenderemos por qué sobran los interesados en callarlo. Junto con algunos fiscales, el principal obstáculo para conseguir la delación ha sido el procurador ad hoc Jorge Ramírez. Fue su institución la que estableció en 3.468 millones de soles el monto de la reparación civil contra Odebrecht para tres obras: los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, el gasoducto sur peruano y la carretera Chacas (Áncash). El monto podría ser «muchísimo mayor», pues en el cálculo faltan varias obras como la Costa Verde o la vía de evitamiento del Cusco. Ramírez ha defendido este monto —que parece exagerado, si lo comparamos proporcionalmente con las reparaciones de Odebrecht en otros países— asegurando que el daño causado por la constructora ha sido patrimonial (el dinero robado) y moral (la merma de la imagen al país, por haber sobornado hasta a presidentes), y que debe pagar por ambos. Parece más lógico que la suma sea proporcional a los actos de corrupción, que equivalga al máximo que la empresa pueda afrontar sin incurrir en quiebra y no amedrente su colaboración con la justicia. Esto último —facilitar las investigaciones y permitir la captura de otros delincuentes— garantizaría una verdadera reparación del daño moral sufrido por el país. Se sabe que el abogado de Barata ha pedido que la procuraduría firme un documento donde desestime la posibilidad de emplear la información revelada contra Odebrecht o su defendido. La solución de la Fiscalía ha sido incluso más drástica: en un escrito aseguró que el procurador Ramírez no intervendrá en la diligencia, pues no es de su competencia. Queda ver hasta dónde puede escalar este conflicto entre el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez y el ministro de Justicia Enrique Mendoza (de quien depende la procuraduría, que suma una nueva medalla a su intervención en el irregular indulto a Alberto Fujimori). También hasta dónde llegarán los fiscales en el interrogatorio del 27 y 28 de este mes a Barata, quien según Pedro Pablo Kuczynski «hoy tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos». Ojalá hasta abrir la cerradura.
