En junio del 2016 (Marcelo Odebrecht estaba en prisión desde junio del 2015), Odebrecht vendió en el Perú el 57% de Rutas de Lima, por US$ 430 millones a un consorcio liderado por Brookfield. Odebrecht se quedó con el 25% y Sigma Safi mantuvo su 18%. En diciembre del 2016, Odebrecht firmó un acuerdo con la justicia de EEUU y accedió a pagar US$ 2,600 millones en multas por haber efectuado sobornos(1). El Juez Federal Raymond Dearie dijo que US$ 93 millones irían a EEUU, US$ 116 millones a Suiza y US$ 2,390 millones a Brasil. También hubo sobornos, entre otros países, en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Dice el Juez Dearie que en Perú “entre el 2005 y el 2014, Odebrecht realizó –o hizo que se realizaran– pagos corruptos por US$ 29 millones a funcionarios del gobierno para obtener contratos para obras públicas. Como resultado, Odebrecht tuvo beneficios de más de US$ 143 millones”. Los pagos corresponden a cuatro obras –únicas en las cuales Odebrecht admite sobornos–: Línea 1 del Metro de Lima, IIRSA, Costa Verde del Callao y la avenida Evitamiento en Cusco. Ese mismo mes, el consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht, 55%, Enagás, 25% y Graña y Montero, 20%) estaba tratando de vender sus acciones pues no podía obtener el dinero para realizar la inversión, debido a que los bancos no querían prestarle. Por ello, en enero de 2017, caducó la concesión del GSP. El GSP habría invertido US$ 1,700 millones (aún no se realiza la valorización), de los cuales espera recuperar al menos el 72.25% cuando se adjudique a nuevos postores, lo que debía suceder en enero próximo. Sin embargo, el gobierno la ha postergado hasta el 2019. En enero, el gobierno promulgó el DU 003 2017, donde se establece que, para vender sus activos en el Perú, Odebrecht necesita la autorización del Ministerio de Justicia y, como cuestión previa, que la Procuraduría establezca el monto de la reparación civil al Estado. A mediados de año, Odebrecht tenía lista la venta de Olmos (US$ 500 millones) a Brookfield y Suez. En setiembre, Odebrecht anunció que la estatal china Three Gorges (Tres Gargantas) compraría la hidroeléctrica Chaglla en US$ 1,400 millones. Ninguna se ha vendido hasta la fecha. De particular importancia son las divergencias sobre el GSP, pues en agosto pasado Odebrecht –cuyas matrices están domiciliadas en Luxemburgo– notificó al gobierno que había recurrido al Tratado Bilateral de Inversiones firmado en el 2005 entre ambos países para comenzar el “trato directo” y encontrar una salida a tres problemas: 1) el DU 003, 2) la terminación del contrato y la valorización de las inversiones (los US$ 1,700 millones) y 3) la ejecución de las garantías y los embargos de la Sunat sobre cuentas bancarias. Según Mauricio Cruz, de Odebrecht Perú, la decisión fue tomada por las matrices. Si no hay “trato directo”, el Tratado prevé ir al arbitraje (Artículo 11) del CIADI del Banco Mundial. El gobierno ha dicho que no irá al “trato directo”. Odebrecht calcula perjuicios por US$ 2,000 millones (Gestión, “La demanda de Luxemburgo”, 04/10/2017). ¿Y si Odebrecht gana? Así, el gobierno se ha mostrado incapaz de proveer una ruta clara para defender los intereses del Estado: vacíos del DU 003, enfrentamiento con las procuradoras, no definición de la reparación civil, divergencias entre los fiscales, demora para decidir colaboraciones eficaces (el Congreso también ha puesto su parte con la ampliación del DU 003 para incluir a las consorciadas). ¿Por qué? Hay varias hipótesis, entre ellas el rabo de paja de muchos (que se vayan y todo se acabe rápido) y, también, la reticencia a lograr una solución (diferenciando a la empresa de los funcionarios corruptos) pues se les acusaría de “hacer viables los intereses de una empresa corrupta”. El gobierno en su laberinto. En este contexto sale la carta de Odebrecht a la Comisión Lava Jato, dando cuenta de los contratos y depósitos con Westfield Capital, de propiedad de PPK. Sería fácil atribuirla al “hartazgo” de Odebrecht con el gobierno, pero el desmentido del día siguiente le quitaría piso a esa hipótesis. Pero no hay duda que la carta es el principal soporte de la vacancia, cuando buena parte de la clase política está acusada de actos de corrupción. Es evidente que la “vacancia express” que pide el fujimorismo “de siempre” es inaceptable pues se debe respetar en su integridad el debido proceso. Forma parte de sus también inaceptables planes de copar el Estado, a lo que se agrega la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional. Esas solas menciones nos reafirman en decir que estuvo bien votar por PPK en la segunda vuelta, sabiendo quién era. Por eso, no se puede creer que PPK “no sabía lo que pasaba con su empresa” cuando incluso dice que “recibió dividendos”, lo que es una falta gravísima pues se pierden los límites entre lo público y lo privado. Hoy es otra la situación en que se debe encarar la defensa de la democracia y la institucionalidad. 1) https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/920101/download
