Análisis. El abogado César Nakazaki y el constitucionalista Samuel Abad sostienen que la misiva enviada por la empresa a La República sirve como punto de partida para que PPK aclare sus asesorías de cara a la votación de su vacancia este jueves.,Guiovani Hinojosa y Pamela Palacios El viernes pasado, la constructora Odebrecht envió una carta a La República en la que señalaba que las asesorías que le ofreció Westfield Capital, de propiedad del presidente Pedro Pablo Kuczynski, fueron lícitas y coordinadas no con él sino con Gerardo Sepúlveda. Agregaban que la información que dieron a la Comisión Lava Jato del Congreso mostraba "ausencia de indicios de ilegalidad", por lo que no fue remitida a la Fiscalía. PUEDES VER CNN dio cuenta de la carta enviada por Odebrecht a La República [VIDEO] Esta misiva, difundida a cinco días de que el Parlamento discuta y vote la vacancia presidencial, podría influir en el juego de argumentos esgrimidos en la sesión del jueves. "Esta carta sirve para demostrarle al Congreso que no todo está definido por la primera carta de Odebrecht, como decían. Por ejemplo, si el Congreso piensa que es un acto de corrupción, esta carta lo pone en duda porque para que haya corrupción tiene que haber sobornos, y según Odebrecht todos estos pagos son reales, por servicios reales", comenta el abogado César Nakazaki. "El reto inmediato es que, con esta información de La República, el abogado del presidente, este lunes o martes, pueda ofrecer un catálogo de pruebas al Congreso", añade. Se refiere a elementos que demuestren que los contratos que tuvo Westfield con Odebrecht no afectaron su actuación como ministro. Por ejemplo, documentos oficiales sobre obras públicas adjudicadas a Odebrecht y testimonios de funcionarios que participaron en las concesiones y que puedan sostener la posición del mandatario. El abogado debería solicitar una audiencia para estos últimos en el Parlamento. Incluso, Nakazaki sugiere llevar a Sepúlveda, al gestor de Westfield, para que dé declaraciones ante el Congreso. Estas diligencias ayudarían a aclarar los hechos y evitar una vacancia injustificada. "El derecho a la defensa del presidente empezó el viernes con la admisión de la vacancia", remarca el abogado. La declaración del presidente ante el Pleno, por su brevedad, debería ser entendida como el punto final del alegato. El constitucionalista Samuel Abad también cree que la última carta de Odebrecht puede ayudar a la estrategia legal de PPK. "Su abogado podrá alegar y efectuar afirmaciones como las que hoy ha sacado La República en su portada para tratar de evidenciar que no se ha cometido ninguna irregularidad y que, en consecuencia, la vacancia no debería prosperar", indica. Agrega que el próximo jueves la defensa legal del presidente tendrá la oportunidad de probar los puntos bosquejados por la constructora en su misiva. Por su lado, el constitucionalista Aníbal Quiroga considera que la última versión de Odebrecht que publicó este diario solo podría beneficiar al mandatario en el fuero penal. "La carta que les han mandado a ustedes podrá salvar a PPK de su responsabilidad penal en la Fiscalía o la Comisión Lava Jato, pero la vacancia está ya determinada, me parece. La carta demostraría que él es irresponsable jurídicamente, pero la decisión de la vacancia no es jurídica, es política", opinó. "Incapacidad moral permanente es un concepto político indeterminado que pasa por la discrecionalidad de los congresistas. No exige fundamentos jurídicos", agrega. César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, precisa que, sin embargo, la libertad de los congresistas no es absoluta. "La vacancia es una valoración de orden político por excelencia, pero sobre la base de ciertos hechos o indicios que sean constatables", apunta. Sobre la afirmación de Odebrecht de que Sepúlveda fue el único que gestionó los contratos, dijo que "no le quita ningún grado de responsabilidad [al presidente] porque la empresa es de quien la detenta". El jurista Raúl Ferrero pidió calma para un proceso de vacancia que ve acelerado. "Deberíamos tomar todos, el presidente y la oposición, el peso de la responsabilidad que significa seguir esto, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Es el proceso más importante de nuestra historia del siglo XXI y lo llevamos con gran apuro", lamentó. Misiva no despeja todas las dudas Para algunos congresistas, la versión de Odebrecht de que los contratos y pagos a Westfield Capital fueron lícitos no cambia el actual escenario político, pues no esclarece si fueron parte de una negociación irregular. “Esta información no modifica las cosas, no lo exime de nada [al presidente] y no agrega nada más a lo que ya se ha dicho. Lo único que sí, salva las formas contables de esa empresa en su momento”, dijo Víctor Andrés García Belaunde (AP). “Pueden ser legales [los contratos], pero es su empresa. El presidente de la República sabe muy bien que ni él ni su empresa ni ninguno de sus familiares pueden contratar con empresas que contratan con el Estado”, opinó, por su lado, Richard Acuña (APP). Para Alberto Quintanilla (NP), la carta de Odebrecht no despeja las dudas sobre si el dinero dado a Westfield es parte de una negociación incompatible.
