¿Por qué es tan grave la denuncia constitucional planteada por el vocero fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez? Porque esta decisión, que se suma al trámite de otra denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pone al fujimorismo en otro nivel de conducta antidemocrática, trayendo de vuelta justificaciones y abusos propios de sus peores noventa. Una acusación constitucional es una forma extrema de control político. Puede llevar a la destitución e inhabilitación de una serie de altos cargos con el voto de 2/3 de congresistas sin que exista un delito que la motive, basta esa figura tan poco precisa que es la infracción a la Constitución. Pero aunque imprecisa, queda claro por la gravedad de sus consecuencias que estamos ante una figura para casos excepcionales, abusos claros contra la Constitución. Pues bien, si usted revisa la acusación presentada le será fácil darse cuenta de que carece de toda proporción y sentido común. Las responsabilidades imputadas son generales y las supuestas omisiones, absurdas. Un remedio para actos muy graves se está aplicando por capricho. Queda claro que el objetivo real es meter miedo, afectar la autonomía de un poder del Estado y limitar el control al fujimorismo. Y este despropósito ha sido aplaudido por la ‘bankada’, acercándonos al número de votos necesario para la destitución. Aunque el tema de fondo es más polémico, también constituye un abuso lo que se viene haciendo en el caso de los cuatro magistrados del TC. Considerar que una interpretación jurisdiccional puede constituir una infracción a la Constitución tampoco es democrático. No es que sorprenda. Hasta ahora el Fujimorismo no ha dado muestras de moderación, ni en la campaña ni en su primer año controlando el Congreso. Es cierto que en ocasiones se calificó como abusos a acciones que califican de control parlamentario (control de decretos, por ejemplo, o pedidos de información). Pero en general su actitud ha mostrado un nulo esfuerzo por brindar garantías democráticas o mostrar un reconocimiento de la pesada carga de sus abusos pasados. Una bancada no solo sin agenda de fortalecimiento institucional: también vocera de intereses particulares que afectan reformas en curso. No sorprende, pero la insolente demostración de poder de esta semana sí cambia el juego político, es un parteaguas. Y, si se les respondiera con la fuerza que amerita la bravuconada, sería también un error. Puestos en la balanza lo que se gana y lo que se pierde con estos actos hacia el 2021, considero que esta semana debería costarles. Especialmente frente a esos votantes que definen la segunda vuelta, su talón de Aquiles. Lamentablemente es posible que esta conducta no le cueste a Keiko Fujimori en forma significativa. Para que ello suceda debería tener una respuesta contundente de actores clave: gobierno, instituciones, otras opciones políticas, gremios, medios. Pero la respuesta está lejos de esa contundencia: la Fiscalía en bloque, otras bancadas, algunos editoriales, unos cuantos periodistas en televisión, y poco más. Ha dicho poco un gobierno que no parece tener ministros capaces de transmitir la gravedad de lo sucedido, ni qué decir el Presidente. Además, en un país presidencialista, no basta que ex candidatos lancen críticas en redes sociales; tienen que comunicar su indignación, comprarse el pleito, hablarle a su rival para que le cueste. De gremios económicos ya no se espera nada; seguro creen que si critican se espanta la inversión. Y de una televisión abierta, convertida en su mayoría en programa concurso, tampoco. Así, un acto muy grave ha pasado sin recibir una respuesta contundente. Y sin límites externos el pensamiento bravucón que parece guiar los debates internos en la ‘bankada’, se refuerza. Advertidos. PD. Envié la columna antes de leer las noticias sobre Marcelo Odebrecht. Ahora con más razón es necesario apoyar a Pablo Sánchez.
