En examen. Grupo de Acción Financiera (Gafilat) revisa los esfuerzos de nuestro país en la lucha contra el lavado. Estudio de la SBS detectó riesgos que deben mitigarse, los principales están relacionados a la tolerancia a la corrupción y a la extendida informalidad.,El Perú está en la mira por un delito que ha ganado protagonismo: el lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización que agrupa a 16 países de América, evalúa a nuestro país en su lucha contra este flagelo. De no pasar el examen, las consecuencias serían muy graves: menos crédito que golpearía la inversión. La cuestionada casación del juez César Hinostroza Pariachi, que favorecía a los procesados por lavado, activó las alarmas con miras a esta evaluación de Gafilat. En su reciente visita al Perú, el presidente de este organismo, Eugenio María Curia, expresó al mandatario Pedro Pablo Kuczynski y a las cabezas del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y la Fiscalía, Pablo Sánchez, su preocupación por esta casación que habría las puertas a la impunidad de lavadores de dineros ilícitos. PUEDES VER Comunidad Andina destaca acuerdos logrados en el Gabinete Binacional Perú-Ecuador Para echar más leña al fuego, ese mismo día la fiscal Sara Vidal había ordenado archivar el caso de Joaquín Ramírez, el financista de Keiko Fujimori con fortuna aún por aclarar, esgrimiendo la controvertida casación del juez Hinostroza. Las autoridades peruanas alegaron que no estaban de acuerdo con esa casación y que sería revisada en un pleno para que pueda no tener efecto en otros casos. De hecho, que el pleno casatorio posterior le haya cortado las alas calma las aguas sobre la posibilidad de perder puntos clave en el examen de Gafilat. "Si quedaba esa casación, se iba abajo todo... Si de frente se comprueba que el Poder Judicial se lava las manos en esto, eso desencadena que en el resto haya opinión desfavorable del país", anota una fuente vinculada a este proceso. Una evaluación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, realizada el año pasado con apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), midió cómo estaba el Perú en 43 vulnerabilidades que pueden favorecer casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El riesgo más alto se detectó en la tolerancia a la corrupción pública, la muy extendida informalidad, la falta del Estado en todo el territorio, el insuficiente control de movimiento transnacional e interno, la dificultad de la Fiscalía para investigar, carencias en el Poder Judicial, baja efectividad de la Policía, dificultad para intercambiar información, deficiente coordinación entre entidades involucradas y la propia orografía. Para Juan Carlos Medina, experto en finanzas y consultor de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), "existen brechas en el establecimiento de modelos preventivos en sectores no financieros como inmobiliarias, casinos, etc., los cuales aún no poseen mecanismos de control muy desarrollados". Resalta que las empresas financieras, como los bancos y aseguradoras, están mejor reguladas. En cambio, en las otras hay mayor posibilidad de lavar dineros de origen ilegal. Medina agrega a los partidos políticos en esta zona crítica. Ciertamente, Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos por un caso de presunto lavado y Keiko Fujimori es investigada por sospechosos aportes de "cocteles". "Por eso los partidos deberían ser sujetos obligados. Eso implicaría que tengan una figura, como un oficial de cumplimiento o algo similar que permita verificar la licitud de los fondos que ingresan al partido para financiar", dice. Casos locales que no escapan de la mirada de Gafilat diez años después de la anterior evaluación a nuestro país. Reportes y riesgos Desde el 2007 aumentan los reportes por operaciones sospechosas en el sistema financiero. Sería porque cada vez hay mayor alerta. En tanto, una evaluación de la SBS el año pasado midió 43 vulnerabilidades sobre lavado y financiamiento del terrorismo. Se busca mejorar para evitar complicaciones. Riesgo sobre lavado y financiamiento del terrorismo l Características orográficas del Perú. l Amplitud y porosidad de las fronteras peruanas. l Debilidad de las infraestructuras terrestres. l Falta de conciencia social sobre consecuencias de estos delitos. l Tolerancia y permisividad a la corrupción pública. l Elevado índice de informalidad en la economía peruana. l Excesivos trámites burocráticos para formalizar actividades. l Debilidad de procesos de contratación estatal. l Deficiencia en el control de las actividades administrativas. l Descentralización que dificulta una gestión pública de calidad. l Gobiernos subnacionales sin mucha institucionalidad pero con alto presupuesto por el canon minero. l Inexistencia de sistema de función pública profesional estable. l Escasa presencia del Estado en todo el territorio nacional. l Debilidad de controles de movimientos con países en la CAN. l Dificultad de UIF en acceder a información bancaria /tributaria. l Dificultad de UIF para el análisis estratégico por falta de acceso. l Desconocimiento del grado de cumplimiento de abogados y contadores. l Inexistencia de obligación para sujetos obligados a comunicar operaciones en efectivo por cantidades mayores a un límite. l Falta de conocimiento sobre la reciente reforma de la tipificación de los delitos de lavado y financiamiento del terrorismo. l Inexistencia de autorización previa para cooperativas de ahorro y crédito y debilidad de supervisión en estos delitos. l Ausencia de regulación de personas naturales y jurídicas dedicadas a compra/venta de divisas y al préstamo y empeño. l Ausencia de retroalimentación por parte de la UIF con respecto al cumplimiento de los sujetos obligados. l Plazo excesivo para la comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con la financiación del terrorismo. l Sistema de control del movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación en traslados internos. l Deficiente regulación de organizaciones sin fines de lucro y quiebras al supervisar lavado/financiamiento del terrorismo. l Inexistencia de un sistema de confección y explotación estadística fiable relativos a actuaciones que se realizan sobre prevención y lucha contra el lavado y financiamiento del terrorismo. l Inexistencia de la obligación de inscribir en Registros Públicos información sobre el titular real de personas la jurídicas (SAC). l Debilidad del sistema sancionador en lavado y financiamiento del terrorismo llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros. l Riesgo muy alto l Riesgo alto l Riesgo moderado l Riesgo bajo El próximo año será clave para evitar caer en la "lista negra" Diversas entidades públicas y privadas están respondiendo cuestionarios de Gafilat sobre comportamientos que podrían relacionarse al lavado. En febrero del próximo año, recibirá las respuestas y a partir de estas elaborará otro documento donde resaltará los aspectos más importantes que evaluará en una visita que hará en mayo. En diciembre del 2018, Gafilat dará su informe final sobre el Perú y entonces se sabrá si pasamos la evaluación o no. Si no aprobamos, el país iría a una revisión mayor con un plan de acción. Si no cumple los plazos, pasa a una lista negra o gris, con aumento del riesgo país, que incrementa la tasa de interés en los créditos internacionales, según expertos. Eugenio María Curia, presidente de Gafilat, comentó que cree que el Perú pasará la prueba. Empero, quienes coordinan el proceso en el país no quieren pecar de optimistas.
