Esta mañana usted debe estar esperando al empadronador del Censo 2017. Hace bien en colaborar voluntariamente y dar toda la información que le sea posible dar en este día. El censo es una herramienta útil desde la perspectiva académica –nos dice no solo cuántos somos, sino también quiénes somos, qué tenemos y qué nos falta– así como para la construcción de políticas públicas ancladas en la realidad. Por ello, al margen de la metodología arcaica o de preguntas confusas, colabore porque ello revierte en el bien de todos. Sin embargo, esta semana previa al censo ha sido muy educativa respecto de lo que sabemos sobre nuestros derechos y nuestros deberes, así como los límites que toleramos cuando se trata del abuso del Estado. Lo que empezó como una discusión legal en esta columna, hace una semana, se transformó a través del programa Sin Guion de La República en un debate que se viralizó llegando a millones de personas. El asunto es bastante sencillo ¿puede detenerme la policía y llevarme a una comisaría si por alguna razón salgo de mi casa durante el censo? La respuesta es bien simple para cualquiera que conozca la Constitución: No. Pero, resulta que millones de peruanos no han sido educados en sus derechos fundamentales y creen firmemente que están obligados a cumplir los disparates que les ordena un funcionario público con derecho a saltarse la Constitución. Aunque suene increíble, esa es mi lectura de lo sucedido. Así, es fácil entender por qué los peruanos hemos tolerado golpes de Estado, prisiones a enemigos políticos, censura, corrupción estatal, secuestros, tortura y toda clase de armas de la guerra sucia. A un sector mayoritario de la población le parece que, en ciertas oportunidades, no tiene derechos y, por tanto, no tiene nada que reclamar, aunque toda la arquitectura jurídica de la democracia diga exactamente lo contrario. No sorprende, por tanto, que la lucha por el respeto a la libertad esta semana haya sido tan solitaria. Parece que no nos gusta ser libres. Nos gusta que nos digan qué hacer, sin pensamiento crítico. Una triste constatación de lo mal que anda nuestra democracia. Una oportuna rectificación del ministro del Interior, Carlos Basombrio, puso fin a una controversia creada por el Jefe (encargado) del INEI. Al contrario de lo que este funcionario sostenía –en absoluta ignorancia de los derechos humanos fundamentales– nadie será detenido este domingo. Tampoco hay obligación de contestar preguntas relacionadas con las convicciones religiosas, ni se puede imponer la entrada del empadronador al domicilio. Todo ello en concordancia con la defensa de derechos constitucionales básicos. Un censo no es obligatorio. No hay multa, ni sanción por estar ausente. Un censo se afirma en el civismo de las personas y en su comprensión del proceso. Si no se explica lo que se está buscando, para qué se hace y qué uso tendrá la información, habrá, tarde o temprano, recelo y dudas. Si no se gana la buena voluntad de las personas, para que den la información más precisa dentro de sus posibilidades, el resultado no arrojará la foto de la realidad que se estaba buscando, sino otra, muy diferente, distorsionada por el miedo y la duda. Eso lo sabe cualquiera que haya organizado un censo en cualquier parte del mundo. Tampoco ayuda la información contradictoria que hemos recibido, sobre todo la última semana. Primero se iba a cerrar toda forma de transporte. Después, al notar el alto costo de cerrar puertos, aeropuertos y carreteras, se abrió el tránsito, como siempre debió haber estado planeado. Las carreras de último minuto para capacitar empadronadores no prueban más que improvisación, como lo ha sido el famoso pre censo de las personas que trabajan o viajan hoy. Si tienen diez años para planear un censo ¿no pueden ser un poco menos desprolijos? ¿Acaso no se ha hecho otros antes? El censo llega a su día estelar con una pobre organización y con una pésima estrategia de comunicación. La mentira para generar miedo tarde o temprano será descubierta. Me alegro de haber sido parte de esa lucha y espero que el Censo 2017 arroje los resultados necesarios para ser útil, con mi participación y la de todos los peruanos, a pesar de la incompetencia del Jefe del INEI. Finalmente, es la libertad de prensa la que nos salva a todos del abuso del poder. Por eso, cuando veo al presidente del Congreso, que ha hablado pestes de mujeres honorables –a las que conozco– en el pleno llamándolas “las superpoderosas”, acusándolas de corruptas sin probarles nada, no puedo creer ni por un instante que su crítica a la caricatura satírica de la China Tudela tenga algo que ver con una súbita defensa de las mujeres públicas de su partido. El poder le teme a la libertad porque solo la libertad puede poner límites al abuso. No les hagamos fácil el camino a los que se meten con nuestra libertad. Nunca más.
