En cualquier país que haya sufrido mucha violencia o dictaduras, un indulto a un responsable de graves hechos es un asunto sustantivo y de fondo y no una medida “técnica”. Esto es más cierto aún si quien está de por medio es un exjefe de Estado condenado por los tribunales por muy graves delitos en seguimiento escrupuloso del debido proceso. No abogo, con una lógica unilineal o arbitraria, por excluir cualquier posibilidad de indulto humanitario para alguien como Fujimori. Eso sería ir contra un elemental sentido humanitario, si es que, de verdad, se estuviera, como dice la norma, ante una enfermedad terminal u otra que se encuentre “en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”. Lo que finalmente se decida hacer y, en especial, cómo se maneje el tema, tiene y tendrá importantes efectos políticos –internos e internacionales– y redundará en más tensión y polarización y en cuestionamientos internacionales o en una brisa de reconciliación dependiendo de la ruta que se siga. Grave disyuntiva, que hasta el momento se está manejando de manera muy poco responsable y con una mirada inmediatista. El tema ha sido y es político , y los pasos que ya se han dado lo son también. Así, parecería estarse ya “marcando las cartas” para que la novísima –y gerontocrática– comisión de gracias presidenciales , firme lo que sea para dar sustento a la decisión política que parecería estar ya tomada. De cara a la historia, y no a obtener un fugaz aire en el Congreso, se debe explorar una ruta para que una eventual medida humanitaria aporte en algo a la olvidada urgencia de reconciliación nacional. Pongo en blanco y negro tres posibles componentes. En primer lugar, conformar para este hecho una Junta Médica Penitenciaria, intachable en su calidad y neutralidad, que verifique y certifique la salud del potencial beneficiario del indulto humanitario. Tiene que ser y verse neutral. Así, por ejemplo, podría estar integrada por un representante o ex Director General de la Organización Mundial de la Salud y otros galenos de incuestionables méritos internacionales en su experticia y neutralidad. Si de verdad hay un problema de salud serio, nada les impedirá emitir un dictamen a favor. En segundo lugar, dejar claro que hechos como los que llevaron a Fujimori a la cárcel no se deben repetir en el Perú. El primero en decirlo tendría que ser el propio indultado. Las dinámicas contemporáneas nos muestran que cuando hay un pedido de perdón a las víctimas o, al menos, un llamamiento público a que nunca más se produzcan ciertas atrocidades, como ahora en Colombia, las sociedades suelen saludar ese paso y avanzar en su proceso de reconciliación. En tercer lugar, reparación para las víctimas. Y no a una “víctimas” abstractas e innominadas sino las concretas, con nombre y apellido, familiares de quienes murieron por obra del estatal “Grupo Colina” en La Cantuta y Barrios Altos. ¿Ejemplo cívico y aliento a la reconciliación que quien ha sido condenado por ello no haya abonado aún ni un centavo de la reparación establecida en la condena? Cierto que no hay prisión por deudas, pero un gobierno democrático no puede soslayar un “pendiente” como este. De esta forma, aunque suene iluso –sin duda lo es– en teoría podríamos tener una autoridad democrática que, ejerciendo su condición de tal a plenitud, avance en un camino proactivo que conduzca, acaso, al indulto humanitario, pero por un camino que cierre heridas y no las abra. En nuestra vecina Colombia, en estos tiempos muchos de los que cometieron serios crímenes ahora anuncian que nunca más cometerán hechos parecidos que han ensangrentado y llenado de muertos su país en las últimas cinco décadas. Ese paso lo reclamaba, con razón, la sociedad en una perspectiva de reconciliación y poco a poco está dando sus frutos. ¿No podemos intentar caminar por una ruta parecida?
