Para Karina Beteta el Tribunal Constitucional ha actuado de manera golpista y antidemocrática. Mauricio Mulder no ha sido menos en su crítica: el TC es igual a la corte Suprema de Venezuela, “un tribunal de pacotilla”. Así han respondido ambos parlamentarios a la (supuesta) sentencia del TC filtrada por el Congresista Gilbert Violeta que declararía inconstitucional en parte la llamada “ley del transfuguismo”. La norma se excedería al impedir a los parlamentarios formar nuevas bancadas y participar en instancias de gobierno parlamentario. Estas declaraciones son impertinentes y exceden la crítica responsable a un caso constitucional. ¿Es acaso un golpe de Estado controlar al poder que estos tribunales fueron creados para controlar? El que estas cortes se hayan empoderado y difundido en Europa tras la segunda guerra mundial obedece precisamente a la convicción, surgida de la experiencia entre guerras, de que los parlamentos elegidos democráticamente también podían ser actores antidemocráticos y vaciar de contenido la Constitución. Por ello había que limitar su poder a través del control constitucional. Puede gustarnos o no la resolución, de hecho como en todo caso constitucional difícil hay espacio para la divergencia. Pero hay algo que parece muy claro y que debería guiar la discusión en torno a la sentencia: sí hay un debate constitucional de fondo. La norma impugnada es claramente polémica por su rigidez y el limbo en que deja a congresistas expulsados o renunciantes a las bancadas. De confirmarse la sentencia, el órgano a cargo de establecer cuál es la interpretación “correcta” de la Constitución ha tomado una decisión. Y habría señalado que el Congreso ha legislado más allá de sus facultades. Es decir, el TC ha hecho lo que le manda la Constitución y se ha llegado a una decisión respetando su procedimiento. Entonces, de golpe de Estado nada. Llamar a la desobediencia o atacar al TC es irresponsable, especialmente teniendo en cuenta nuestra historia reciente. Felizmente otros parlamentarios de FP, como Úrsula Letona, han tenido una aproximación más democrática al tema: critican, pero aceptan la legitimidad del fallo. La comparación con la Corte Suprema de Venezuela se justificaría si se tratara de un tribunal que ayuda sistemáticamente al gobierno para controlar a la oposición. Algo así como lo que hacían aquí la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a fines de los noventa. Pero no es ni siquiera claro que esta resolución ayude al gobierno: si bien afecta a la bancada mayoritaria, es evidente que también afectará al Ejecutivo pues parte de su bancada podría abandonarlo. Estos tribunales merecen ser cuestionados con toda dureza cuando se comportan como felpudos del Poder Ejecutivo o las mayorías parlamentarias. Pero este no es el caso. Pero si la reacción ha sido carnavalesca, la forma en que hemos llegado a esta discusión es también lamentable. El congresista Gilbert Violeta ha filtrado un proyecto de resolución. Su objetivo era probablemente evitar que algún magistrado se eche para atrás. Su criollada es irresponsable e incluso podría ser contraproducente para sus intereses. Si el resultado no es el anunciado, tal vez por la propia polémica generada, la impresión será que el TC le tiene miedo al Congreso, mellando más su credibilidad. Por supuesto, tan o más irresponsable que Violeta es el magistrado o funcionario que le entregó el borrador. ¿Por qué debería preocuparnos este manoseo de unos y otros? Porque golpea la legitimidad de un órgano que, con altas y bajas, ha construido cierta autoridad para controlar al poder, cosa rara en el Perú republicano. Una institución que hay que cuidar para retos más complejos. Así como hay casos donde caben distintas interpretaciones, hay otros para nada grises donde un tribunal autónomo es crucial para limitar el poder de un Ejecutivo o Congreso antidemocrático. Casos donde el origen político del Tribunal no le impide llegar a consensos que limiten excesos autoritarios. Si las cosas van mal, este tribunal seguramente tendrá que arbitrar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tratar al TC de esta manera es debilitarlo para cuando tenga que dar otras batallas más complicadas. La norma impugnada es claramente polémica por su rigidez y el limbo en que deja a congresistas expulsados o renunciantes a sus bancadas.
