La orden de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, ha provocado una oleada de protestas que atraviesa todo el espectro político, por juzgarse excesiva. Ha agudizado, por otra parte, la polarización que hoy enrarece el ambiente político. ¿Estamos frente a una maquiavélica conspiración que usa a los jueces para el logro de determinados objetivos? Puede ser, pero entonces hay que escoger la conspiración, porque las hay para todos los gustos: para deshacerse de Humala y Heredia destruyéndolos políticamente; para satisfacer la sed de sangre del pueblo con un par de víctimas propiciatorias; para encubrir a Alan García y Keiko Fujimori, etc. Comencemos con qué pasa con el sistema de justicia. Una consideración fundamental es que el abuso de la prisión preventiva en la fase de investigación es un vicio del sistema judicial peruano, anterior a este caso. En una intervención –afortunadamente conservada en video– el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, señalaba hace un tiempo que esta medida, que debiera ser excepcional para no violar el principio fundamental de presunción de inocencia, ha sido convertida en usual por los jueces: un 90% de las demandas de prisión preventiva son aprobadas y solo un 10% rechazadas. La razón no tiene que ver con la justicia sino con la presión de los medios de comunicación, que encuentran más atractiva como noticia la prisión que la comparecencia. Los jueces actúan entonces de acuerdo a lo que impone la presión de los medios y las fuerzas políticas más que de acuerdo a lo que les dicta su conciencia (http://bit.ly/2u2EvF7). Más que suscribir una teoría conspirativa particular lo criticable es la doble vara con que actúa la justicia, poniendo en prisión a los Humala y dejando a Alan García y Keiko Fujimori, cuyos casos son similares, en libertad. A esto se añade la naturaleza política del caso. En este tipo de juicios lo político pesa tanto como lo judicial. Cuando Ollanta Humala traicionó a sus electores y se pasó a la defensa de los intereses de la derecha económica perdió el apoyo que gozaba de los primeros sin conquistar la simpatía de sus patronos. Hoy paga las consecuencias de la soledad política que él mismo se forjó. Nada de esto debe leerse como una defensa de su inocencia. Humala y Heredia merecen ser juzgados y ser castigados de acuerdo a ley; las evidencias acumuladas en Lava Jato y Madre Mía demandan juicio y sentencia. Por desgracia, estos no son los únicos fallos de nuestro sistema judicial. Hay una evidente actuación cómplice de los fiscales del escándalo Lava Jato, que durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht solo buscaron pruebas para condenar a Humala y Heredia, evitando cuidadosamente repreguntar a Odebrecht –lo que se caía de maduro– cuando afirmó que su empresa sobornó a Alan García y Keiko Fujimori. Esta esta una ilustración cabal de la diferencia entre la ley y la justicia y de cómo se suele utilizar la primera para burlar a la segunda. A esto se suma la maniobra que ha conseguido apartar de la investigación fiscal el testimonio de Jorge Barata, una evidencia clave, porque, según Marcelo Odebrecht, Barata tiene todas las pruebas contables de los sobornos pagados a Fujimori y García. El fiscal Germán Juárez desistió de interrogarlo, aduciendo que ya es conocido lo que dijo sobre Humala, evitando así que hablara acerca de las declaraciones incriminatorias de Odebrecht sobre Alan García y Keiko Fujimori. Las sospechas de una acción encubridora se refuerzan cuando se recuerda que la fiscalía escondió a la opinión pública las declaraciones de Odebrecht, amparándose en el secreto procesal, y calumnió a Gustavo Gorriti, acusándolo de mentir, cuando este dio a conocer estas evidencias incriminatorias. Esta es la más importante maniobra judicial encaminada a sustraer a Alan García y Keiko Fujimori de la acción de la justicia. No debe perderse de vista los problemas de fondo, de los cuales el fundamental es la completa incapacidad, comprobada hasta la saciedad durante estas décadas, del sistema judicial para auto reformarse. Los partidos debieran plantearse como un problema político de primer orden qué hacer para tener una justicia confiable, sin la cual es imposible cimentar un orden democrático consistente. Teniendo claro que varios cambios de fondo chocan con los intereses particulares de los partidos políticos, y solo podrán conseguirse por medio de la acción ciudadana: allí donde los caminos institucionales se cierran, el camino pasa por las calles.
