El defensor del régimen

La Defensoría del Pueblo tiene una función constitucional. Su mandato es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y supervisar la actuación de la administración estatal con plena autonomía de los poderes que la eligieron. En pocas palabras, es la última línea institucional de amparo del ciudadano frente al abuso de poder.

Por esto, causa natural indignación que quien ocupa ese cargo hoy en el Perú especule públicamente sobre cuántos puntos subiría la popularidad de la actual presidenta Keiko Fujimori si disolviera el Congreso. Al afirmar que subiría dice todo lo que hay que saber sobre cómo entiende su misión.

Josué Gutiérrez fue designado con votos del fujimorismo y desde el primer día de su gestión actuó en consecuencia. Guardó silencio cuando la Policía ultimó a más de 60 manifestantes en el sur del país durante las movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte, en lugar de exigir investigaciones y proteger a las familias de las víctimas como su cargo lo mandaba. Respaldó públicamente a Vladimir Cerrón cuando el TC lo liberó, justificando la decisión. Al respecto, vale traer a la memoria que el actual defensor fue abogado del hoy liberado líder de Perú Libre.

Si bien luego precisó que no alentaría ninguna acción antidemocrática, la señal ya estaba enviada. Invocar la disolución del Congreso como estrategia de popularidad no es un análisis inocente viniendo del titular de una institución como la que él dirige.

Sin embargo, también es cierto que el diagnóstico que Gutiérrez hace del Estado es real. La institucionalidad está en crisis por donde se le mire, afirmó. Pero la misión del cargo exige que frente a ese cuadro la Defensoría presente informes, formule recomendaciones, presione con sus facultades a los distintos poderes y ampare al ciudadano con autonomía del gobierno de turno. Lo que hace Gutiérrez en cambio es especular con escenarios que favorecerían a la mandataria que lo designó y guardar silencio frente a las vulneraciones de derechos que su institución existe para denunciar.

El Perú merece una Defensoría del Pueblo que proteja al ciudadano con independencia del régimen de turno. Desde que Gutiérrez asumió el cargo esa autonomía nunca existió. El patrón es consistente y hoy la ciudadanía vuelve a recordarlo.