La ofensiva del pacto corrupto ya está en marcha

La segunda vuelta parece desarrollarse bajo una doble escena. En la superficie, la campaña apela a la moderación y al diálogo. Sin embargo, subrepticiamente, un bloque político intenta ordenar alianzas a partir del despliegue de una estrategia de presión sobre instituciones clave del Estado. Esa simultaneidad define el momento, que no es más que una elección atravesada por una ofensiva.

El eje de esa operación se articula desde el Congreso y encuentra eco en el entramado que vincula al fujimorismo con Renovación Popular. La disputa electoral se combina con una ofensiva institucional que busca configurar el equilibrio de poderes. En esa línea, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional concentran decisiones que impactan directamente en la independencia judicial y en la continuidad de investigaciones sensibles.

En ese contexto, la presión contra fiscales y jueces debe ser ampliamente divulgada. Se trata de una persecución política disfrazada de reforma legal que, en realidad, es una represalia. Casos como el de Delia Espinoza ilustran una práctica orientada a disciplinar a quienes investigan redes de poder. Buscan instalar desincentivos para la persecución del delito, ya que el mensaje es que quien investiga paga el hostigamiento.

No menor es el discurso de moderación que proyecta Keiko Fujimori, que convive con esta dinámica sin intentar corregirla y sin temor a los costos sobre su propia campaña a la presidencia en este balotaje. A la par, Rafael López Aliaga y Fernando Rospigliosi intensifican el clima de confrontación con absoluta impunidad contra el sistema de justicia y el sistema electoral. Lo que en realidad están fijando es una agenda operativa del bloque de supervivencia del pacto.

Esta ofensiva no busca solo ganar una elección. Busca condicionar el escenario posterior, asegurar cuotas de control sobre instituciones ya cooptadas y limitar la capacidad de fiscalización del propio Estado.

La decisión de los peruanos adquiere así una dimensión que debe tomarse en cuenta. Votar definirá no solo quién gobierna, sino bajo qué reglas se ejercerá el poder. En esa negociación, la ciudadanía deberá exigir compromisos a los candidatos, que, en principio, tienen mínimos que deben rescatarse: la defensa de la justicia autónoma y del equilibrio de poderes.