Las elecciones más difíciles. Un reporte preliminar

Pedro P. Grández Castro - Profesor de Derecho Constitucional. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

I. Una cédula que anunciaba el caos

En esta misma columna me he referido al «aturdimiento» al que parecía encaminada la cédula de votación. Lo vivimos el domingo 12 con plena nitidez: una cédula de 44 centímetros de ancho por 21 de largo, con cinco columnas para cinco elecciones simultáneas y 37 organizaciones en competencia. El documento que millones de peruanos debieron descifrar no es solo una papeleta de dimensiones inéditas; es el retrato exacto del colapso de un sistema de partidos y de la mercantilización de los cargos representativos.

El diagnóstico es sencillo. La eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias disparó el número de partidos inscritos, abriendo la puerta a organizaciones que en ningún proceso anterior habrían superado el filtro. Sin mecanismos de representatividad real, la cédula deviene en inventario de la fragmentación. Ninguna organización superaba el 10% en las últimas encuestas: una arquitectura electoral diseñada, conscientemente o no, para que el poder pueda conquistarse con márgenes que en cualquier democracia sana serían irrelevantes. Las agrupaciones que fabricaron estas reglas sabían lo que hacían.

II. Las deficiencias de la ONPE y la estrategia del fraude

La jornada arrancó con problemas reales. El JNE extendió el horario de votación hasta las 6 p.m. por los retrasos en la distribución del material electoral. La ONPE reconoció las demoras y las atribuyó al incumplimiento de la empresa contratada para el transporte. Al cierre de esta columna, el propio jefe del organismo confirmó que más de 60 mil ciudadanos no pudieron votar porque sus mesas nunca fueron instaladas. Es una afectación grave a derechos políticos fundamentales, que exige investigación y sanciones que deben establecerse.

Pero una cosa es exigir transparencia y rendición de cuentas, y otra muy distinta es explotar las fallas como pretexto para atacar la institucionalidad electoral. En plena jornada, Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, acusándolo de «omisión de funciones en permanente estado de flagrancia» y pidiendo su detención inmediata. La Presidencia de la Junta Nacional de Justicia —cuya actual titular había sido antes congresista de uno de los grupos políticos que no pasará la valla— anunció a su vez que solicitaría investigar a Corvetto. Al caer la tarde, el coro era uniforme: fraude electoral.

Un candidato que, en el preciso momento en que los ciudadanos votan, destina su energía a pedir la detención del árbitro electoral no está preocupado por la transparencia; está preparando el escenario del fraude, si es que los resultados no le fueran favorables. López Aliaga ya lo había anticipado: «El señor Corvetto no nos va a hacer lo que nos hizo la vez pasada», declaró en campaña. La deficiencia logística es grave y debe esclarecerse con todas sus consecuencias. Convertirla en prueba de conspiración, sin evidencia alguna, es la política de destrucción institucional que ya hemos visto en el proceso anterior.

III. El voto como acto de resistencia

Y sin embargo, la ciudadanía votó. En medio de filas largas, mesas que tardaron en abrirse, cédulas que exigían minutos de lectura atenta y una campaña sostenida de desinformación, más de 27 millones de peruanos acudieron a las urnas. Hay en eso algo que merece nombrarse sin condescendencia: una tenacidad cívica que ningún diseño perverso ha logrado extinguir.

El voto operará también como tamiz. La valla electoral del cinco por ciento sancionará a las organizaciones que no logren alcanzarla, privándolas de representación y poniendo en riesgo su inscripción. Varias de las agrupaciones que sembraron el caos normativo de estos años enfrentan exactamente ese riesgo. Que el instrumento que ellas mismas diseñaron para favorecerse, sea ahora el que ahora los expulsa del sistema, tiene un relato de justicia histórica que no debe pasarnos inadvertida.

IV. Defender las instituciones es defender el voto

Salvar la democracia no se consigue atacando a los árbitros en el momento del partido. La ONPE y el JNE son instituciones imperfectas, como todas las instituciones humanas. Sus errores deben ser investigados, corregidos y sancionados mediante los procedimientos que el Estado de Derecho establece para ello.

Lo que no puede hacerse, sin costo democrático severo, es convertir cada falla logística en evidencia de conspiración y cada árbitro incómodo en enemigo a perseguir hasta inhabilitarlo como han hecho con varios altos funcionarios. Esa lógica no defiende la democracia, la deslegitima. El corazón de las elecciones democráticas no es solo que el ciudadano vote, sino que lo haga con la certeza de que las instituciones respetarán su decisión. Incluso cuando la ciudadanía se equivoca —y a veces lo hace— el respeto a su decisión es la condición misma de la democracia.

El D12 el Perú ha vuelto a las urnas y pese a las circunstancias, ha hecho sentir su voz que no puede ser desconocida. La única manera de hacerlo es respetando los resultados.