La silla rota, por Guido Croxatto

En Ginebra funciona la ONU y la sede internacional de la Cruz Roja. Uno de los monumentos más conocidos es una silla de cuatro patas, ubicada frente a la sede central de la ONU, a la que le falta, sin embargo, una pata. Esa pata que falta, que no está, quiere simbolizar los riesgos de las minas antipersonales.

El derecho internacional público enfrenta hoy un retroceso pocas veces visto. La diplomacia no juega ningún rol. Cada país hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No hay más límite que la fuerza. El derecho público ya no opera como contención, ni siquiera simbólica. Podríamos decir que hoy falta otra pata más, y la silla está próxima a caerse, como la ONU. Se derrumba.

Muchas funcionarias, sobre todo mujeres, han querido trazar un límite. Pero cualquiera que intente defender la humanidad, aunque sea un poco, será perseguido. Pasó con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda; pasó con la relatora de la ONU de derechos humanos, Francesca Albanese, cuyos bienes fueron congelados; y pasó con la fiscal del distrito de New York, despedida en Estados Unidos por investigar crímenes sexuales, Maurene Comey. Todas mujeres. Criminalizadas por buscar la paz. Pasó con el profesor de geografía en California, Scott Warren, hace unos años, que enfrentó un proceso criminal por llevar mantas y agua a migrantes ateridos en una frontera. La inversión es la regla. Ayudar es delito. Nuestros jueces están todos callados. Ninguno se atreve a levantar la mirada. Nadie levanta la voz. Todos callados, conservando sus privilegios. Antes la gente estudiaba derecho para defender la justicia. Hoy la mayoría estudia derecho para conseguir trabajo rápido y ganar dinero. Se han invertido las prioridades. Por eso crece la injusticia por doquier. Porque los abogados ya no priorizan ese ideal.

En este escenario, se vuelve aún más difícil intentar alzar la voz para denunciar la cantidad de arbitrariedades jurídicas que suceden a diario en Perú. Hay un presidente mal vacado, lo cual viola la ley, y parece que a los jueces peruanos no les interesa. Pareciera que como Castillo no se expresa o no se viste como ellos, sus derechos civiles valieran menos. No debieran valer menos. Pareciera que Castillo tiene menos derechos.

No deja de resultar gracioso que el magistrado supremo César San Martín Castro nos haga llegar, a través de sus jóvenes asistentes, invitaciones para colaborar desde Argentina con su libro homenaje por los 70 años. Con Zaffaroni solemos hacer bromas al respecto: podemos enviar a San Martín un artículo sobre la tentativa de rebelión en el Código Penal peruano. O podemos enviar al libro homenaje que están proyectando los asistentes del magistrado, para el cual nos han pedido ser parte (porque hasta que decidiéramos defender a Castillo éramos muy respetados por la academia jurídica peruana, parece que nuestro prestigio de repente ha sido puesto en duda por quienes pocas horas antes nos invitaban a conferencias, viajes, premios y demás, aunque nosotros seguimos siendo los mismos abogados que antes), un artículo sobre el reglamento del Congreso, que explícitamente pide, para una vacancia constitucional, 104 votos. No los 101 con los que dicen haber “vacado” (no en forma constitucional) a Pedro Castillo. En ningún lugar del sistema jurídico peruano dice que con 101 votos se pueda “vacar” legalmente a un presidente. Pero eso fue lo que pasó en Perú, violando la ley. Pareciera que a nadie le importa el reglamento del Congreso. Tampoco a los jueces.

Perú es uno de los países que, como Chile, tiene tribunal constitucional. Se supone que en países con control constitucional concentrado (en Argentina ese control es difuso) es aún más riguroso el respeto de la Constitución. Se supone que en países con tribunal constitucional es intolerable que otra institución, nada menos que la que hace las leyes —el Congreso— “vaque” a un presidente violando la propia legislación, violando sus propios reglamentos, violando los pasos que exige la “vacancia” para ser constitucional. Para ser legal.

La Corte habla de “legítima celeridad”. Pero ninguna “celeridad” es “legítima” cuando mancilla los procedimientos constitucionales, que están previstos precisamente para situaciones como la del discurso de Castillo. No fue una situación no prevista o excepcional, sino prevista en forma clara. Entonces, como la Constitución prescribe los pasos a seguir, no cabía actuar de espaldas a la Constitución, de otra manera. Le dieron la espalda al reglamento no por “celeridad”, sino porque no tenían los 104 votos que exige el reglamento. Tuvieron solo 101. Como no alcanza, es que los jueces justifican esa arbitrariedad diciendo que igual, aunque no es lo que indica el reglamento, “está bien de todos modos”. Con ese criterio, cualquier cosa es posible en el futuro: el Congreso podrá vacar con 91 votos, o con 56, o con 17, si la “celeridad es legítima”. En nombre de “evitar un golpe”, se terminó dando otro golpe. Actualmente, se comete el delito de usurpación de funciones.

El Tribunal Constitucional peruano no está cumpliendo debidamente sus funciones. Hablan de “legítima” celeridad porque la misma no fue “legal”. Por eso saltan de la “legalidad” (que es lo que debe observar un tribunal constitucional) a la “legitimidad”, que es un término político, no jurídico. Ese cambio léxico no es casual. No representa ningún accidente. Por la negativa, es un reconocimiento tácito de que lo que hizo el Congreso no fue “legal”. Aunque se lo quiera dibujar como “legítimo” en la “celeridad”. No fue legal. Por eso el tribunal cambia de palabra. Habla de “legitimidad”. No de “legalidad”. Pero los analistas políticos son los que analizan la “legitimidad”. Los jueces están para analizar otra cosa: la “legalidad”.