La muerte del Estado de Derecho y la Democracia, por Ollanta Humala Tasso

Estoy secuestrado en el penal de Barbadillo desde hace más de tres meses. Fui encarcelado de forma arbitraria por disposición ilegal de los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, quienes ordenaron mi detención sin permitirme conocer las razones de una sentencia condenatoria que no existía. Aquel martes 15 de abril de 2025, mis enemigos, jueces y fiscales celebraban la muerte del Estado de derecho y de la democracia, mientras observaban cómo también condenaban a mi familia y al último partido político nacionalista y de izquierda en el Perú.

Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado. Para intentar salvar esta ilegalidad, los mismos jueces convocaron una nueva audiencia el 29 de abril, en la que, según anunciaron, se daría lectura a la sentencia. Sin embargo, yo ya me encontraba privado de libertad sin ninguna base legal.

Durante esta audiencia se realizó la lectura parcial de una sentencia que aún no estaba redactada en su totalidad, incumpliendo nuevamente las exigencias del Código Procesal Penal y de la Constitución. Este hecho es comprobable mediante la hora y la fecha registrada en las firmas digitales de esta sentencia ilegal: las 8:00 p. m. del 2 de mayo, día que había sido declarado no laborable. Es decir, más de dos semanas después de mi encarcelamiento ilegal y arbitrario, y más de 72 horas después de la supuesta lectura íntegra de una sentencia que, en ese momento, no existía. Esta secuencia demuestra que los jueces simularon tener una sentencia concluida, engañando deliberadamente al país y encubriendo un acto arbitrario.

Según esta perversa lógica judicial, este acto corregiría retroactivamente mi detención ilegal. El daño y las consecuencias de mi arresto son irreparables para el Estado de derecho, la democracia y mi familia, quienes hemos sido víctimas directas de una persecución judicial y de un linchamiento mediático. Mi esposa, junto a nuestro menor hijo, se vio forzada a solicitar asilo ante tantos atropellos sufridos desde hace más de una década por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no han respetado el debido proceso ni han mantenido la imparcialidad, con el único objetivo de destruir al adversario político.

Este mal uso del Derecho ha derivado en una judicialización de la política que socava el Estado y la democracia y es lo que he denunciado desde el inicio de esta investigación. La prisión es solo el corolario de una serie de afectaciones a los derechos y garantías fundamentales de un sistema judicial que NO es ni aparenta ser imparcial. Por ese motivo, afirmo con claridad que me encuentro secuestrado por decisión de poderes que, de facto, manejan el sistema de justicia y que el Estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú.

(Nota del editor: El expresidente Humala (2011 - 2016), enfrenta un juicio oral junto con su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales. La Fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión. Hasta la fecha, el proceso judicial sigue su curso).