Un tema económico de interés es conocer por qué crecen los países. Lo primero es corroborar que lo hacen, y lo han hecho de manera más intensa desde la llamada Revolución Industrial del siglo XIX. El economista Angus Maddison indicaba que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular: la población mundial se multiplicó por cinco, la renta por persona lo hizo por ocho, el PIB mundial por 40 y el comercio mundial por 540. En todo este período, los mejores años son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en la década de 1970. El segundo mejor período para el crecimiento fue de 1870 a 1913 y, el tercero, el período actual hasta la crisis. Las cifras de los últimos dos siglos son muy superiores a toda la historia anterior.
Los países que más crecen son los de Europa Occidental y, sobre todo, algunas de las antiguas colonias: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La literatura económica señala que los factores determinantes del crecimiento económico son diversos; entre ellos destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto físico como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional. Un tema poco discutido es este último, el que, para crecer económicamente en el tiempo, no sería suficiente aplicar reformas al mercado y contar con políticas macroeconómicas adecuadas; se necesitan, además, instituciones eficientes para enfrentar las nuevas exigencias de la globalización y, a la vez, procurar la reducción de la indeseada alta concentración del ingreso. Haré una breve explicación de este tema.
En términos sencillos, las instituciones se definen como las reglas del juego que rigen la vida económica, política y social, y que son importantes para el éxito o el fracaso de un sistema económico. El crecimiento económico de un país no puede ser explicado solo por el uso de la dotación de factores de la producción; a esto se debe agregar como factor determinante a las instituciones, en tanto generan mayor certidumbre al intercambio y transacciones al menor costo posible. Las instituciones también definen el marco de restricciones legales en el cual los individuos actúan, se organizan e intercambian bienes y servicios.
Así como las organizaciones requieren de ciertas reglas y normas para operar en un ambiente de cooperación, el Estado también requiere de ciertos mecanismos legales para regular su acción sobre las estructuras del sistema económico. El sistema legal tiene la función primordial de institucionalizar las leyes en consistencia con los tiempos.
Debo señalar que la complejidad en el intercambio exige leyes para su adecuada coordinación, y es la acción del Estado el canal para fijar y hacer cumplir las reglas coordinadoras del intercambio. La participación del Estado a través del cumplimiento de las leyes funcionaría como un inhibidor de prácticas abusivas, contrarias al interés de los participantes en los intercambios.
Pero, ¿qué está pasando ahora en el país? Se tiene la expectativa oficial de mayores tasas de crecimiento de la producción nacional y, como ya lo mencioné, se puede contar con un correcto diagnóstico del problema macroeconómico a resolver, así como las acciones de política por desarrollar, teniendo claro que la implementación de estas implica vehículos legales con diferenciada complejidad de implementación, como son las leyes, decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones ministeriales, etc. Pero con un actual Congreso de la República impredecible en cuanto a las leyes por aprobar, varias de ellas con nombre propio; un Poder Judicial y Ministerio Público cuyos jueces y fiscales, respectivamente, son evaluados y designados por una Junta Nacional de Justicia vapuleada por el Congreso como le ha dado la gana; un Tribunal Constitucional con sentencias no exentas de discusión, pudiendo la lista ser más larga, el caso es que considero que las instituciones se constituyen como una suerte de soporte para la implementación efectiva de las políticas públicas, incluidas, por supuesto, las económicas también. El problema es que el resquebrajamiento de este soporte continúa.
En suma, sería muy importante tener en cuenta en el futuro que, conforme continúe el actual proceso de deterioro institucional, será cada vez más complicado incluso el solo implementar políticas públicas. Atención, candidatos, con lo que ofrecerán en la venidera campaña electoral.