Dina Boluarte y la reforma de la justicia
Con expedientes que están siendo investigados por el MP, no parece la persona más idónea para encabezar la comisión.
La presidenta Boluarte ha tenido la singular propuesta de encabezar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, y así lo ha manifestado al Congreso vía una iniciativa del Ejecutivo. El secretario técnico de la comisión sería el ministro de Justicia.
La reforma del sistema judicial ya es un proyecto que estaban proponiendo desde el Legislativo. Criticado en su momento por lesionar la autonomía de un poder que goza de independencia constitucional, ha sido entendido como una nueva intentona de copar instituciones, como ya se ha hecho en el TC, la Defensoría del Pueblo, la propia persecución contra los miembros de la JNJ. Nada bueno se puede esperar de un Parlamento cuestionado por precisamente armar un tinglado legal que les permita gozar de impunidad y librarse de los procesos legales que ya están investigando los fiscales del Ministerio Público.
La propuesta de Dina Boluarte, quien también tiene varios expedientes en el sistema judicial por causas que van desde corrupción hasta los execrables crímenes al inicio de su régimen, tampoco da ninguna garantía de imparcialidad.
¿Cuál es la justificación para que sea ella, en una posición tan comprometida ante la justicia, quien intente reformarla? Surge la sospecha y se acrecienta la duda sobre la motivación y, obviamente, sobre los resultados esperados.
Ya hubo quienes dijeron que el equipo podría estar conformado por prohombres que, además de tener especialidad en la materia, posean la garantía de la imparcialidad. No se requiere de más gatos en el despensero, cuando ya hay varios ocupando cargos y posiciones para los que no tienen ninguna formación. Caso visible es el del defensor del Pueblo que hasta la fecha no ha planteado un solo tema que le corresponde por definición del cargo. Empezando por las muertes ocurridas durante diciembre del 2022 y en los meses sucesivos del 2023.
Se requiere transparencia, experiencia y capacidad para abordar una reforma integral del sistema de justicia. Valores de los que carece el Congreso y el Ejecutivo.