La inclusión financiera tal como la define la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP “es el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de la población que puede derivar en importantes beneficios para el crecimiento económico y el bienestar general del país. Tal inclusión ha cobrado mucha relevancia en las últimas décadas, en razón a su contribución al crecimiento económico de los países, con incidencia en la pobreza.
La literatura económica, en principio, refiere una asociación inversa entre la inclusión financiera y la pobreza. Además, siendo la inclusión financiera una herramienta importante en la lucha contra la pobreza, priorizando segmentos excluidos de la población, es funcional para mejorar las condiciones de vida en estos.
Por ello, el acceso a productos y servicios financieros en países en desarrollo es un componente de las estrategias de los hacedores de políticas económicas y sociales para disminuir las desigualdades. Sin embargo, su alcance está determinado por varios factores o barreras que se presentan desde el lado de la oferta y la demanda.
En la oferta, las instituciones financieras racionan el crédito o limitan el acceso a otros servicios financieros debido a las regulaciones poco técnicas (topes costo/crediticio a mypes), imperfecciones de los mercados asociadas a asimetrías de información, costos de transacción relacionados con la presencia física de puntos de atención en los territorios y la ganancia esperada que resulta del margen de intermediación también. Desde la demanda, se presentan barreras a la inclusión financiera, como por ejemplo la falta de trabajo o ingresos estables en el tiempo, falta de confianza en las instituciones financieras, sesgos de comportamiento, factores culturales, falta de educación financiera, educación digital, entre otros.
Cabe señalar también que la amplia desigualdad territorial en la inclusión financiera es la consecuencia de profundas brechas estructurales. Nosotros no somos la excepción debido a nuestras brechas de inversión, ahorro y de género, por ejemplo. En tal sentido, los desequilibrios a nivel territorial son más visibles al diferenciar lo urbano moderno de alta productividad frente a un amplio sector de rural baja productividad.
De igual manera, factores institucionales, regulatorios y macroeconómicos explicarían que segmentos importantes de la población, pequeñas y medianas empresas y determinadas regiones no accedan oportunamente a los servicios financieros ofertados por instituciones financieras formales. El insuficiente acceso a servicios financieros de manera oportuna tiene repercusiones significativas en las condiciones de pobreza y desigualdad, en tanto la inclusión financiera –a través de las instituciones financieras formales– facilita a los hogares pobres la realización de transacciones financieras cotidianas.
No todos los productos financieros contribuyen de igual manera a reducir estas brechas. Un caso es ver cómo el ahorro y pagos digitales tendrían más impacto que el microcrédito que muestra efectos mixtos. Es por eso que cobra especial importancia el diseño de productos y servicios financieros, los cuales deben adaptarse a las necesidades locales y de la población para tener más impacto en la reducción en mejorar en las condiciones de vida de las personas.
En un estudio de Park & Mercado (2018), para 176 países encuentran que la inclusión financiera aporta significativamente en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingreso de forma significativa. Señalan que las tecnologías financieras desarrolladas por las Fintechs han contribuido a fomentar la inclusión financiera y que las estrategias deben estar dirigidas a grupos vulnerables como la población rural, los hogares de bajos ingresos, los ancianos, mujeres y comunidades geográficamente remotas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inclusión financiera ha mostrado mejoras al segundo trimestre de 2023. El 58,6% de la población mayor de edad tiene una cuenta en el sistema financiero (+4,7% con respecto al mismo periodo en 2022 y de +15,6% en comparación con el mismo periodo del 2019).
El problema de este indicador para medir integralmente la inclusión financiera es que no considera los movimientos en la cuenta. El rol directo del Estado para que se incremente la inclusión financiera, a través del Banco de la Nación como brazo financiero del Estado, es crucial.
Viendo ahora los datos recientes sobre pobreza monetaria al 2023, esta subió en dicho año y alcanzó al 29% de peruanos, (pobreza extrema 5,7% y pobreza no extrema 23,3%). Comparado con el 2022, la pobreza comprendió al 27,5% de la población del país. Al comparar los datos el nivel de pobreza, se incrementó en 1,5%.
Pero ¿por qué a pesar de progresos en la inclusión financiera, la pobreza crece? Muy al margen de las limitaciones del índice de inclusión financiera ya referido, es claro que la pobreza responde además a otros importantes factores como la caída del empleo, el aumento del costo de vida, la desigualdad del ingreso, entre otros. Yo diría que, a pesar de todos los factores detrás de la pobreza, la inclusión financiera genera mayores capacidades económicas (inversión y consumo) futuras. No perdamos de vista esto.