Un país sin pasado, por José Ragas
“Que el lugar que resguarda lo que nos define y distingue como nación esté a punto de ser desalojado parece una metáfora de lo que ocurre actualmente en nuestro país, donde todo viene siendo desmantelado sin que nos incomode en lo más mínimo”.
En una reciente encuesta de DATUM (mayo de 2024), que ha pasado desapercibida por el constante ruido político del país, se preguntaba a los encuestados por sus “motivos de orgullo y vergüenza” como peruanos. No se trata de la típica encuesta que interroga por preferencia política, aunque tampoco está orientada en indagar por los patrones de consumo. Lo que busca es entender cómo las y los encuestados entienden su “sentido de peruanidad” en torno a su identificación con el país y las fluctuaciones en su nacionalismo. Así, la gastronomía ocupa el primer lugar de los “motivos de orgullo” con un sólido 95%, seguida muy de cerca –con apenas cuatro puntos porcentuales de diferencia– por las músicas y las danzas nacionales.
Curiosamente, en un tercer lugar y con 79% de respuestas entre las y los encuestados aparece la “Historia del Perú”. En realidad, se trata de una respuesta que va de la mano con las opciones anteriores, donde tanto la gastronomía como los aspectos culturales como la música y las danzas se han forjado a lo largo del tiempo, y que en el imaginario local abarca desde el periodo prehispánico hasta décadas más recientes. Es cierto que tenemos una visión idealizada de nuestro pasado (especialmente el incaico y el colonial), pero también es cierto que ahora conocemos mejor los conflictos y las dificultades que hemos atravesado (y sobrevivido) como país.
Lo paradójico de la respuesta es que una parte importante de esta “historia” de la cual cuatro de cinco encuestados manifestaron sentirse orgullosos está a punto de perderse. La sección republicana del Archivo General de la Nación, la sede oficial de la documentación oficial escrita y visual de nuestro país, está a punto de ser desalojada. El Poder Judicial, donde se alberga esta parte del Archivo General de la Nación, ha logrado luego de dos años que se restituya por mandato judicial dicho espacio. Eso significa que la documentación guardada en los cinco mil metros cuadrados del primer piso y el sótano debe ser desalojada a partir de agosto. Es decir, en tres meses.
Por ochenta años, el Palacio de Justicia sirvió como la sede improvisada del Archivo General de la Nación. Durante todo este tiempo, ningún gobierno tuvo la iniciativa de construir una sede propia para resguardar la memoria del país, que se manifiesta a través de material frágil como papel y está expuesto al deterioro así como a una serie de accidentes. Tan solo en los últimos años, incidentes como amagos de incendio e inundaciones han sido la constante en la vida de estos documentos. En mayo de 2022 se rompió una tubería y obligó a mudar la documentación del periodo colonial a un nuevo local, ubicado en la antigua oficina de Correos, al lado de Palacio de Gobierno.
La lista de siniestros podría continuar. Durante una protesta, una bombarda cayó al interior del Palacio de Justicia, generando un siniestro que si bien fue rápidamente controlado por los bomberos, dañó irreparablemente los papeles ahí guardados. Todo esto sin incluir el robo sistemático de documentos que fueron a parar a colecciones privadas o bien fueron comercializados sin ningún tipo de escrúpulos tanto dentro como fuera del país y que han sido rescatados a cuentagotas. También debemos mencionar decisiones absurdas tomadas desde el Gobierno como la de intentar fusionar el Archivo General de la Nación con el Instituto Nacional de Cultura, como ocurrió en 2010.
Hace unos años hubo un proyecto para construir un local adecuado para la memoria del país. Se suponía que esta nueva sede estaría ubicada en Pueblo Libre, y que considerando la envergadura de la misma, estaría lista para recibir el Bicentenario en julio de 2021. Se trataba de una obra apropiada para marcar un punto de encuentro entre el pasado y el futuro del país. Por ello, se llegó a destinar una partida de aproximadamente doscientos millones de soles e incluso contaba con un código SNIP del Ministerio de Economía. El mismo Archivo General de la Nación diseñó un afiche con la imagen que tendría el edificio y lo anunció con un “Pronto… nuevo local en Pueblo Libre”.
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Ya sabemos cómo termina esta historia. La pandemia congeló y desplazó cualquier proyecto, el Bicentenario nos encontró más divididos que nunca y un sector político procedió a dinamitar la institucionalidad por dentro hasta conseguir el poder con la actual mandataria. Visto así, el proyecto de la nueva sede no era ya una prioridad. Además, al parecer el dinero de la partida fue destinado a consultorías y el Bicentenario fue desplazado por tres años más. Fue lo más cercano que estuvimos de contar con un local apropiado para un archivo nacional como lo tienen otros países, desde Argentina hasta Chile y Estados Unidos.
Una manera de estimar lo que significaría perder nuestro patrimonio documental republicano podría ser indicando que este contiene 150 millones de documentos únicos, escritos a mano o mecanografiados en su mayoría, además de fotografías. Pero quizás es mejor indicar que cualquier persona que se acerque al Archivo General de la Nación puede encontrar documentos sobre sus propios antepasados, independientemente de si nacieron en el país o llegaron a Perú con alguna oleada de inmigrantes. También puede encontrar en los protocolos notariales las miles y miles de transacciones comerciales que se realizaban entre grandes empresas o individuos comunes y corrientes.
Uno podría pasar toda su vida mirando rápidamente los documentos de esta sede y no alcanzaría a conocerlos del todo. El Archivo General de la Nación es el equivalente a esas pequeñas cajas que guardan nuestros padres y abuelos (o nosotros mismos) con retazos de nuestras vidas: fotos, tarjetas, prendedores, documentos de identidad, partes de ropa, monedas, recibos. Son partes de un todo que solo nosotros comprendemos y que ponemos en un lugar seguro ante cualquier eventualidad y a los cuales volvemos en momentos de desasosiego o cuando necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos o con quienes nos precedieron.
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No espero que ni la ministra Leslie Urteaga ni el Ministerio de Cultura, el Gobierno o el Congreso tomen cartas en el asunto, pues han demostrado que sus prioridades son otras. Entre sus planes no están el llevar a cabo acciones realistas y rápidas ante el peligro de perder para siempre documentos únicos. Que el lugar que resguarda lo que nos define y distingue como nación esté a punto de ser desalojado parece una metáfora de lo que ocurre actualmente en el país, donde todo viene siendo desmantelado y donde esa historia de la que aparentemente estamos tan orgullosos puede destruirse muy rápidamente, de manera silenciosa y –al parecer– sin que nos incomode en lo más mínimo.