Son derechos, no consignas políticas

La reacción de la derecha peruana al informe de la CIDH pone en evidencia, una vez más, el profundo desprecio que sienten por la justicia y la democracia. Oír a personajes como Cueto, Montoya o López Aliaga, que pretenden que el informe sea simplemente desestimado –tirado a la basura– ejemplifica con claridad lo que los derechos humanos son para la extrema derecha peruana.

Y leer el pronunciamiento de Fuerza Popular, que pretendió desmarcarse de la extrema derecha en el debate de adelanto de elecciones, los ubica con precisión y sin lugar a dudas como un partido de vena autoritaria. No importa que pretendan vestirse de seda. Siempre serán los herederos del dictador. El pronunciamiento, además de tildar al informe de “manifiesto político de izquierda”, lanza una amenaza a la propia Boluarte, le recuerda de dónde nace su estadía en Palacio de Gobierno cuando dice “la presidenta y sus ministros harían bien en recordar que gracias a que las fuerzas del orden restablecieron la paz y tranquilidad es que el sistema democrático no sucumbió frente a quienes nuevamente buscaban sembrar el terror en nuestro país”.

Está claro el mensaje de la verdadera alianza de Gobierno: señora Boluarte, es usted una inquilina precaria. Está ahí gracias al ejercicio autoritario de la fuerza por parte de las FF.AA. y la PNP contra la ciudadanía. Práctica que fue común en los años 90 y en general en todo el tiempo del conflicto armado interno. Se usó la violencia terrorista de Sendero Luminoso para justificar el asesinato y la tortura de dirigentes sociales, de ciudadanas y ciudadanos inocentes. Violaciones todas a los derechos humanos que se ejercieron además de manera racista y clasista, porque se hicieron fuera de Lima, principalmente en Ayacucho y contra quienes no tenían poder real.

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El informe de la CIDH muestra también con claridad esto, que el patrón de violencia extrema, de ejecuciones extrajudiciales se hace fuera de Lima, en el mundo andino. Pero es mentira que pueda señalarse el informe como parcializado y lleno de consignas de izquierda. El informe sí da cuenta de actos de vandalismo contra infraestructura pública durante la protesta. También señala con claridad que Pedro Castillo rompió el orden constitucional cuando pretendió un golpe de Estado el 7 de diciembre.

Lo que ocurre es que reconocer ambas cosas, el intento de golpe de Castillo y actos criminales paralelos a algunas protestas, no supone negar que sí hubo violaciones a derechos humanos y uso extremo de la fuerza por parte del Estado para reprimir a población civil. Lo que no termina de entender la derecha política es que sin derechos humanos no hay justicia. Sin derechos humanos no hay democracia. Que los derechos humanos no son consignas de un grupo político, son condiciones necesarias para el desarrollo de una vida digna.