Llover sobre mojado, por Paula Távara

En el norte del país sigue lloviendo. Aunque pareciese que desde que las lluvias dejaron la capital han dejado de ser noticia, lo cierto es que en Tumbes, Piura y Lambayeque sigue lloviendo y todo indicaría que así seguirá siendo en las próximas semanas.

En otras circunstancias y latitudes, lluvias de esta envergadura no tendrían por qué ser noticias trágicas, pues las medidas de prevención de riesgos existirían y permitirían afrontar con relativa seguridad un fenómeno como este.

En nuestro país, tristemente, las lluvias siempre parecen tomarnos por “sorpresa”, generando terribles inundaciones, derrumbes y pérdidas materiales y humanas, sobre todo para aquellas familias de menores recursos cuya provisión de servicios depende mucho más de lo que el Estado, en todos sus niveles, pueda hacer por ellas. Sobre la lluvia como fenómeno natural, la precariedad hace mayor mella.

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Esta vez, además, hemos conocido cómo muchas familias han visto sus esfuerzos de inversión en viviendas propias convertirse en estafas. Empresas inmobiliarias que les prometieron viviendas seguras, que contaron, además, con el financiamiento público del fondo MiVivienda, han resultado tan inundadas y perjudicadas como otros recintos. Ahorros y esperanzas bajo el agua, literalmente.

A las lluvias, la precariedad, la estafa, se ha sumado la indiferencia, el desinterés explícito de diversas autoridades. Según ha informado el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), desde el segundo semestre del año pasado remitieron información a alcaldes, gobernadores, congresistas y otras autoridades sobre un posible incremento de las lluvias.

De los más de 38.000 correos que enviaron, solo se abrieron 3.400. De esos, solo en 390 casos las autoridades descargaron los documentos remitidos. Nuestras autoridades, enredadas en la crisis política, fueron incapaces de mirar hacia los problemas de fondo una vez más.

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Ahora, con el agua al cuello, ciudadanos y ciudadanas han tenido que sumar el mal trato y despotismo de algunas autoridades. Así, hemos tenido que ver imágenes lamentables de una ministra siendo transportada prácticamente en andas mientras los damnificados empapan sus ropas. Ciudadanos y ciudadanas a quienes esta misma ministra, en otra escena, grita y vocifera de forma inaceptable, exasperada al intentar explicar las acciones que toma como funcionaria pública.

Es innegable que estos tipos de situaciones y momentos críticos pueden llevar a alta tensión entre autoridades (intentando resolver la crisis) y ciudadanía (cuyas expectativas de atención están mediadas también por la desesperación de la situación que están viviendo).

Sin embargo, como servidores públicos y como líderes políticos que son, estas autoridades no debiesen nunca faltar el respeto a las demás autoridades y generar mayor angustia a una ciudadanía ya en crisis. Una lideresa política no puede hacer “llover sobre mojado” a la ciudadanía que sufre y que no hace más que pedir el apoyo de sus autoridades.

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Es cierto también que las expectativas de la población pueden ser distantes y distintas a las medias que expertos y funcionarios identifican como necesarias, que pueden no comprender de tiempos y contrataciones y demás tecnicismos de la gestión pública, pero es precisamente el deber del liderazgo de la autoridad dialogar, explicar, atender y entender. Y, sobre todo, escuchar a quienes muchas veces, en medio de la angustia de perderlo todo, necesitan antes que nada ser tratados con respeto y dignidad, para a partir de allí construir soluciones.

Las lluvias continuarán, volverán con los años una y otra vez. Es tarea del Estado y sus funcionarios, de todos los niveles, trabajar para mitigar sus efectos, para prevenir desastres y para dignificar a la ciudadanía.