La caída de febrero

Aunque su desaprobación alcanza un masivo 90% y su aprobación apenas llega al 6% —una de las cifras más bajas que se registran históricamente—, el Congreso sigue siendo una de las instituciones que más poder sigue acumulando, con la anuencia de un Ejecutivo que se allana a sus mandatos.

En esta encuesta de febrero realizada por el IEP para La República, la medición de la popularidad de la presidenta Dina Boluarte tampoco la favorece. Un 15% respalda su gestión y un 77% la desaprueba.

La evaluación de la crisis política iniciada en diciembre, y que se prolonga hasta ahora, indica que la popularidad de la mandataria va en descenso y solo un 25% considera que debe permanecer en funciones. Por el contrario, hay una mayoría que piensa que las elecciones deben ser en el 2023 (69 %) y un número menor (19%) señala que sería mejor nuevos comicios generales en el 2024.

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Existe la percepción ciudadana de que el Congreso pretende quedarse hasta el 2026 (33%). Sin embargo, es mayoritario el sector de la población que considera que nuevas autoridades tanto en el Parlamento como en el Gobierno mejorarían significativamente la situación del país (52%).

También, la encuesta valora la capacidad de las protestas para conseguir un adelanto de elecciones; el 55% opina que lo lograrán y el 51% que harán posible la dimisión de la jefa del Estado. 

Las manifestaciones que han afectado fundamentalmente el sur del país y que se trasladaron a Lima en enero logran que el 58% de la ciudadanía se identifique con ellas, muy similar a las cifras mostradas en enero; y hay también la sensación de que volverán a reactivarse en los próximos días.

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Esta fotografía de febrero muestra a las claras a una ciudadanía distanciada de la política tradicional, ya que incluye a actores que deberían retirarse de la actividad pública, encabezada por Keiko Fujimori y de fuertes críticas a sus decisiones que ya no conectan con los electores.

La falta de empatía con los más desfavorecidos mostrada por el Congreso, o la ausencia del reconocimiento oficial de los excesos militares y policiales contra la población civil y que ha cobrado la vida de 58 personas —directos e indirectos— hasta el momento, colabora con este distanciamiento que actualmente nos coloca frente a altos índices de desaprobación y a un 41% de las personas que aseguran que no están viviendo en una democracia. Muy preocupante.