Crisis peruana: keep calm, por Augusto Álvarez Rodrich
Edición de The Economist de ayer se ocupa sobre el Perú.
The Economist se ocupó ayer con agudeza de la complejidad de la crisis política peruana y de las salidas a la misma.
“El Perú necesita elecciones anticipadas y apoyo externo, no interferencias [mientras] un congreso egoísta y algunos países vecinos avivan las llamas”, señala, y agrega que “lo que está en juego es si la democracia puede sobrevivir. La sociedad se ha vuelto tan polarizada que algunos peruanos hablan de una guerra civil inminente, aunque parezca descabellado”.
Sin dejar duda alguna de que el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo protagonizó un intento de golpe de estado que trajo malos recuerdos del otro golpe que en 1992 realizó Alberto Fujimori, con la diferencia de que uno fracasó y el otro se concretó, lo que obligó a la aplicación de lo previsto en la constitución, procediéndose a la designación presidencial de Dina Boluarte, se da cuenta del caos que se originó a continuación con decenas de muertes, y US$625 millones (0,3% del PBI) en pérdidas de producción, y el daño en infraestructura pública y privada.
The Economist atribuye la furia social a que una tercera parte del país, principalmente del altiplano, se solidariza con Castillo, responsabiliza a la derecha y al congreso de su caída, y cree que Boluarte es una traidora. Pero agrega que la protesta tiene algo más que espontaneidad: grupos de extrema izquierda, mineros ilegales y narcotraficantes, que se aúnan para forzar una asamblea constituyente, con la misma receta de otras izquierdas de la región para ganar el poder absoluto.
Para The Economist, una AC “sería un gran error, quizás irrevocable (…) la constitución necesita una reforma, pero su capítulo económico a favor del mercado, que la izquierda quiere revocar, ha sustentado el rápido crecimiento y la reducción de la pobreza de Perú”.
La forma obvia de calmar al país sería convocar nuevas elecciones generales (boicoteadas por la derecha e izquierda extremas); que el gobierno anuncie una investigación rápida e independiente sobre las muertes en las protestas; y que la policía arreste y los tribunales encarcelen a los cabecillas detrás de la violencia. Termina señalando que el Perú merece la ayuda de sus vecinos en vez de la intromisión de algunos presidentes de la región.