Un gobierno de transición o de transacción, por Hernán Chaparro

El balance que se puede hacer de nuestro quehacer político a fin de año es más que preocupante y lleva a estar alertas para que tanto costo de vidas y oportunidades perdidas tengan algún sentido.

El desastroso manejo económico del primer gobierno de Alan García llevó a que tanto desde la izquierda, centro y derecha, como desde los grupos vinculados al poder y desde la ciudadanía, se entendiese que el manejo de las principales variables macroeconómicas es algo fundamental para el bienestar de todos. Se han sucedido diversos gobiernos, con propuestas variopintas sobre qué hacer en estos asuntos, pero el manejo de estas variables básicas se ha mantenido. También sabemos que eso es necesario, pero no suficiente. Hay muchos otros temas vinculados a lo económico en debate, pero esa ya es otra historia.

¿Tenemos algún consenso semejante en lo político? Poco o ninguno. El sistema democrático necesita de varias reformas, pero estas solo serán sostenibles y útiles si parten de un cierto nivel de consenso sobre la necesidad de estas. Antes que consensos sobre reformas legales, necesitamos básicos consensos de convivencia política. El primer y más básico consenso es el de reconocer al otro como un interlocutor válido. En términos de convivencia ciudadana, es considerar que todos tenemos los mismos derechos a expresarnos y a ser escuchados sin recurrir a la violencia. En lo político, la voluntad de escuchar y debatir para buscar lo mejor para todos sabiendo que esto es algo relativo. Siempre habrá temas de discrepancia y por eso mismo hay que tener formas sostenibles de administrar el conflicto de intereses que esto supone. Lo que tenemos hoy es el afán de imponer (desde todos los bandos) la consideración de que las vidas que importan son solo las de algunos, y que el uso de violencia se justifica si es “mi violencia”.

Antes del golpe, quienes estuvieron a la base de una constitución llena de elementos para darle poder al presidente, se dedicaron a desmantelar lo hecho para inclinar la balanza a favor del Congreso. El intento de vacancia por incapacidad moral era el camino fácil que evitaba otras reformas de fondo. Desde la izquierda se ha insistido en que la única solución es una nueva Constitución y se alude a que esta es la demanda del pueblo, pero básicamente se apunta a buscar una mayor intervención del Estado en la actividad empresarial. Basta ver lo ocurrido con el gobierno de Castillo, y antes con muchos otros gobiernos, para saber cómo termina eso. Las encuestas sobre qué esperan los peruanos de una nueva Constitución recogen ideas vinculadas a políticas públicas sectoriales que poco o nada tienen que ver con cambios constitucionales. Se pide un Estado que funcione a favor de la gente.

El Gobierno de Dina Boluarte comenzó con un gabinete débil que, frente al intento de ciertos grupos por desconocer el golpe de Estado de Castillo, terminó actuando torpemente y causando la muerte de muchos ciudadanos. El responsable político de ello, el ministro de Defensa, ha terminado de premier porque difícilmente alguien más iba a asumir el costo de tantas vidas. La evidencia de que se pudo actuar de otra forma es el actual comportamiento de las Fuerzas Armadas y la policía, que recién ahora actúa de otra manera. Las Fuerzas Armadas, que mostraron un comportamiento adecuado ante el intento de golpe, deberían colaborar y ayudar a identificar y sancionar a los responsables de esos excesos y muertes. Esperemos que la Fiscalía avance en su labor.

Mientras tanto, tendremos un año para ver si se debaten y alcanzan reformas que permitan que la oferta política vaya mejorando y que la relación entre Ejecutivo y Legislativo no afecten la gobernabilidad. Una vez más, una parte importante de hacer las cosas bien está en el Congreso. La vigilancia ciudadana se debe hacer presente.