El agotamiento de la reivindicación

La tensión de las últimas décadas entre la reivindicación expresa y la implícita está alcanzando límites bien evidentes. La expresa, hecha en las calles, mediante movilizaciones varias y en términos transaccionales, fue articulada como base política por la izquierda en décadas pasadas, pero ahora existe sola, autónoma y fragmentada, por todo el país. La implícita, la tradicional de la oligarquía y ahora de la burguesía globalizada, se expresa en negociaciones discretas cuando no secretas, en cabildeo empresarial, en legislación llave en mano enviada al Congreso o a ministerios varios.

Mientras las reivindicaciones implícitas fueron prioridad estatal, se formuló al modelo pro empresariado globalizado como el propósito del Estado: la unanimidad de ciertos sectores del comentariado nacional exigía mantener el modelo, sostener a la gran economía y satisfacer las reivindicaciones implícitas de la manera menos dañina para las explícitas. Incluso gobiernos que se ofrecieron como “del pueblo” fueron cooptados para priorizar los intereses de la burguesía globalizada, en oposición a las demandas puras y duras de los sectores de menos ingresos.

Cortesía del fujimorismo y su incapacidad de mirar más allá de su irredentismo, la burguesía peruana se quebró en dos, perdiendo control de la ruta política del país. Quienes botaron con pretextos absurdos a Vizcarra en noviembre de 2020 no tenían idea de lo que desataban: una política recentrada en la reivindicación explícita, encarnada en oportunistas de diversas cepas haciendo cosplay de izquierdistas o populistas, con la captura del Estado por otros medios y con otros fines.

Digamos que se logró democratizar la reducción del Estado a una máquina de satisfacer demandas, esta vez para “el pueblo”, en disputa directa con la burguesía globalizada. Ejemplo: por décadas la educación fue ignorada, dejándola languidecer en favor del negocio educativo; ahora, en la era del sinceramiento político, la educación se reduce a la garantía de empleo de los docentes, en los términos preferidos por ellos mismos; la liquidación de la Sunedu para lograr que el biznes siga feliz es la contraparte implícita.

En estas condiciones, gobernar resulta irrelevante. Que la emergencia climática nos ponga en riesgo existencial no importa mientras la colección de reivindicaciones sueltas que son llamadas “el pueblo” tenga respuesta; del lado de la burguesía empresarial, la pregunta es cómo recuperar control de la marcha del Estado; volver a la década pasada, en otras palabras. Pero el 87% que pide que se vayan todos es señal que la manera como estamos haciendo las cosas no es sostenible. Que no haya solución, significa que el caos continúa.