Recordar y reparar: tarea inconclusa

Hace 19 años, el 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final. Creada por el Gobierno de Valentín Paniagua, la CVR trabajó durante dos años para cumplir su mandato de investigar las causas y consecuencias de la violencia política que azotó al Perú entre 1980 y 2000 y formular recomendaciones para que nunca más volviera a ocurrir semejantes atrocidades.

La CVR tomó los testimonios de mas de 17.000 víctimas del conflicto armado interno en todo el país. Determinó que, con 69.280 víctimas, fue el episodio de violencia más sangriento en toda la historia de la república. Según la Comisión, 54% de estas muertes fue causado por Sendero Luminoso y 1,5% por el MRTA. 34% fue responsabilidad de agentes del Estado; y el resto por otros actores, incluidos rondas campesinas, grupos paramilitares, y otros agentes no identificados.

Tres de cada cuatro víctimas eran pobladores rurales, campesinos e indígenas. Ayacucho, el lugar donde nació Sendero Luminoso y el epicentro de la violencia, fue el departamento más afectado, con más de 26.000 víctimas (40% del total). Si la tasa de víctimas de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, anotó la CVR, hubiera habido 1 millón 200 mil muertos, más del 5% de la población del país.

La CVR buscaba generar un consenso nacional para entender qué sucedió y reparar el daño causado, para recuperarnos como país de un periodo de devastaciones y tragedias cometidas por diferentes bandos. Sus recomendaciones de justicia, reparación, y de reforma institucional representaban un plan de acción concreto y viable hacia este objetivo.

Pero las voces del negacionismo se levantaron al instante. Acusaron a la CVR de ser proterrorista, de distorsionar los hechos, de solo hablar de las víctimas del Estado sin tomar en cuenta las víctimas del terrorismo. En estas acusaciones falsas y mezquinas había —y aún hay— intencionalidad: exculpar al Estado de su responsabilidad en el asesinato, tortura y desaparición forzada de personas. De justificar las muertes de los “otros”, los pobres, campesinos, indígenas, que, según la CVR, “no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país”. Y de generar aceptación social del uso de la violencia y la violación masiva de derechos humanos, bajo el argumento de que el fin justifica los medios.

Como dijo Salomón Lerner, presidente de la CVR, en la ceremonia celebrada el domingo pasado en el memorial el Ojo que Llora, son tareas inconclusas asumir plenamente la verdad, reparar integralmente a las víctimas, y reformar cabalmente las instituciones para consolidar la democracia, el Estado de derecho, y el respeto a los derechos humanos.

Ante la tragedia vivida, recordar es un deber moral de toda la sociedad. El Estado, por su parte, tiene la obligación de cumplir con verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Ya es hora.