La última fiesta patria de Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Cuando Pedro Castillo anunció una ‘sorpresa’ en fiestas patrias, no imaginó que el sorprendido sería él por el testimonio del exsecretario de su despacho, Bruno Pacheco, que lo señala como un delincuente, a lo que se sumaría, en breve, el del exministro Juan Silva, que lo acabaría de hundir.

Podría ser, sin embargo, que un presidente contra las cuerdas como Castillo insista en dar una sorpresa al país con su mensaje de hoy, con el fin de mover la agenda nacional desde las acusaciones cada vez más sólidas sobre su participación en el gobierno como cabecilla de una organización criminal, a un relanzamiento de la confrontación inicial ricos/pobres con la que quiso camuflar la ineptitud y corrupción de su administración.

Eso podría ocurrir con un acompañamiento callejero de la CGTP –gracias a las nuevas normas de negociación sindical, que solo conseguirán destruir más empleos–, el Movadef, Fenatep y ronderos, con el lema de ‘nueva constitución ahora, el pueblo exige cierre del congreso’.

Es una manera de tratar de generar una imagen de respaldo popular a un presidente cada vez más aislado de la ciudadanía –74% lo desaprueba– y de distintos sectores del país debido no solo a una gestión pública absolutamente inoperante, sino, también, a las expresiones cada vez más contundentes de corrupción que involucran a Castillo y a su círculo familiar y personal.

El testimonio de Pacheco que se está conociendo gracias al acuerdo de colaboración con la justicia ofrece una acumulación de indicios de graves delitos cometidos por el presidente, lo que se complica por la evidencia de que Castillo se habría convertido en una fuente de destrucción de la institucionalidad por el abuso de su poder como jefe de Estado para lograr impunidad.

Todo lo cual ha generado un consenso amplio sobre la conveniencia de la suspensión de Castillo para el ejercicio de la presidencia, lo que daría lugar a un relevo que debería dirigirse a un adelanto general de elecciones.

Eso, sin embargo, será resistido por el gobierno y por un congreso que mantiene su vocación de permanencia, lo cual debe ser enfrentado desde la justicia y la ciudadanía por la evidencia de inoperancia y corrupción.

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