Cavando hondo

La participación directa de dueños, accionistas y promotores de universidades privadas en el Congreso de la República es una constante de años recientes. Desde el debate y promulgación de la Ley Universitaria (n.° 30220), el Parlamento es el principal foco del boicot al objetivo de ordenar y darle un estándar a la oferta pública y (sobre todo) privada de educación superior. En esa medida, el ataque reciente a la Sunedu puede con justa razón indignar, pero no sorprender.

Tampoco sorprende el avance del proyecto de ley 904, que propone que padres y madres de familia puedan censurar contenidos y materiales educativos elaborados por el Estado, con la clara intención de impedir que se imparta educación sexual integral (ESI) en las escuelas. Un resultado que se cocina desde hace años, pues refleja cómo los valores retrógrados, machistas y misóginos se han ido consolidando en sucesivos parlamentos, donde a las voces conservadoras católicas que siempre tuvieron lugar en los viejos partidos, se han sumado las de líderes de organizaciones evangélicas como Alianza Cristiana y Misionera, el Movimiento Misionero Mundial, Asambleas de Dios, Agua Viva, Camino de Vida, Aposento Alto, entre otras, principalmente vía el fujimorismo y la derecha, ya sea directamente en los escaños, o como “caseritos” de las actividades parlamentarias. En fondo y forma, empatan con otras presencias inquietantes en el Congreso, como es la de militares montesinistas retirados (retirados de lo primero), quienes en su soñada guerra contra “el comunismo” combaten todo discurso de igualdad, incluido el enfoque de género.

Estos recientes ataques a la educación tienen en la base la sobrerrepresentación, en el Congreso, de personajes para los que no existe bien superior, interés común, ni sociedad de iguales. En realidad, dueños de iglesias evangélicas y dueños de universidades particulares comparten la característica de haber llegado al Congreso en función de su poder económico (léase flujo de caja) y tienen también en común que sus agendas no tienen contrapeso, pues por un lado, los partidos —incluido el de gobierno— no están interesados en pelearse con los “empresarios de la educación” (que les facilitan recursos, grados y posgrados), ni en enemistarse con el voto y la capacidad de movilización de las iglesias, si es que directamente no comparten su “agenda moral” contra las niñas, las mujeres y la comunidad LGBTI. Por otro lado, los medios no investigan a cabalidad a estos negocios educativos y confesionales, cuyos gestores, a nombre propio o a través de diversas razones sociales, amasan grandes y bastante sospechosos patrimonios. Lo que se sabe de ellos se debe principalmente al trabajo casi autogestionario de Ojo Público, Convoca o Wayka.

Y a la sociedad, con su diversidad y pluralidad de intereses, tampoco se le atiende desde los medios. Si el movimiento de mujeres y sus campañas a favor del enfoque de género no tienen lugar allí, menos lo tiene el profesorado que debe implementar la ESI, pues para la prensa convencional hoy los maestros solo existen en función del conflicto gremial que implica al presidente. Tampoco prestan atención a las necesidades de las universidades públicas, a la comunidad de trabajadores, docentes y estudiantes, ni a las aspiraciones de una verdadera reforma universitaria, más allá del rol de Sunedu.

Lo ocurrido con Sunedu y la ESI esta semana nos muestra las consecuencias de que el Congreso y el llamado “cuarto poder” estén secuestrados por unas pocas voces. Y a la vez, el sinsentido de que sean esas mismas voces —las del interés privado y el discurso antiderechos— las que se preguntan (y se responden) por “salidas a la crisis”.