En estos días que se habla de evaluación docente se plantean preguntas distractivas del tipo “¿la Prueba Única Nacional (PUN) ‘mide’ el buen desempeño de un docente?”. Claro que no, la PUN no “mide” el desempeño del docente, pero sí ayuda a identificar por qué ese docente tiene dificultades en su desempeño en el salón de clases. Los resultados de la PUN arrojan que a más del 90% de los maestros le cuesta comprender lo que lee, ¿cómo se espera que despliegue competencias pedagógicas en el aula?
Las preguntas más “trancas” de la PUN tienen que ver con construir inferencias, estructurar premisas e identificar argumentos. Estas limitaciones se llevan al aula: los monitoreos (MPE) revelan que el 84,2% de los docentes tiene problemas a la hora de diseñar clases que introduzcan elementos de “Pensamiento crítico y razonamiento”. Antes bien, la “zona de confort” sigue siendo la repetición de contenidos.
Si la PUN ayuda al diagnóstico de capacidades y es un instrumento en el diseño de políticas que apunten a mejorar el desempeño en aula ¿por qué prescindir de ella? Si es porque nos trae malas noticias, con esa lógica cerremos también el INEI, que está plagado de pésimas noticias. O tal vez se pretenda “encaletar” estos severos pendientes en la formación para allanar el camino al nombramiento automático de docentes, como ya anunció el ministro Gallardo. Sería gravísimo pues una cosa es realizar ajustes necesarios a la prueba y otra tirar por la borda seis años de avances en la carrera magisterial.
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Precisemos, sin embargo, que la responsabilidad de estos manifiestos déficits en la formación la tiene, en última instancia, el Estado y no los maestros. Con Fujimori en los años noventa proliferaron los pedagógicos y universidades sin mayor fiscalización estatal. Instituciones cascarón donde se otorgaban “cartones” antes que competencias. La educación fue una estafa masiva.
Lo que ahora está en juego no es solo la carrera docente sino un inestimable capital, el futuro de millones de niños, niñas y adolescentes que solo tienen al Estado peruano para acceder a un derecho, la educación de calidad; ese bien esquivo.
¿Qué hacer entonces? Programas como el Acompañamiento Pedagógico Docente han dado muy buenos resultados, según distintos estudios de impacto. Tacna, Arequipa y Moquegua, que en diferentes momentos han destacado por la sobresaliente formación de sus docentes, implementaron el acompañamiento docente. El programa brinda orientación al profesor en el aula, en el proceso se identifican nudos que se desanudan conjuntamente en talleres. Estos programas cuestan, por supuesto, y dan frutos en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, Carlos Gallardo tiene la obligación de ser ministro de Estado antes que líder de un sindicato, de anteponer una visión estratégica y emprender procesos de transformación, en lugar de desandarlos. Asumir la responsabilidad política ante el país de mejorar la formación en el aula, en lugar de barrer el polvo debajo de la alfombra.