Si no hay cambios anticipatorios...

A la hora de escribir este artículo aún no se ha votado la nueva ley agraria. Hay acá una cosa curiosa. El planteamiento neoliberal dice, en teoría, que el suelo debe ser parejo para todos. Pero el régimen agrario es una excepción, pues el gobierno dio incentivos tributarios y laborales para que la agroindustria despegue. Corrijo. El ministro Chlimper en setiembre del 2000 fue el impulsor de la ley que benefició a su empresa y todo el sector.

No estamos en contra de los regímenes de excepción para las “industrias nacientes”. Debieran ser temporales. Pero no lo son. Se han querido prorrogar 10 años más. Las protestas por los empleos sin derechos y los bajos sueldos venían desde hace tiempo. Pero no hubo los cambios anticipatorios.

Tampoco se hicieron en el sistema de pensiones. En diciembre de 1992 el DL 25957 subió la edad de jubilación a un mínimo de 20 años para los pensionistas de la ONP, cuando antes recibían pensión con 15 y hasta 10 años de aportes. Eso se hizo para favorecer a las AFP, que fueron creadas un mes antes, con el DL 25897. La ley la promovió el Ministro de Economía, Carlos Boloña, quien solo 2 meses después dejó el cargo y asumió la Presidencia de AFP Horizonte.

¿Quién se anticipó en el gobierno para responder por la deuda social con los pensionistas? Nadie. Como no hubo cambio anticipatorio está habiendo cambios intempestivos, como la “devolución de aportes a los pensionistas”, claramente inconstitucional. Hace años que se pudo corregir con una reforma integral del sistema de pensiones. Pero nada.

Ahora se discute en el Congreso el proyecto de ley para poner un tope a la tasa de interés para los préstamos a las MYPES, los créditos de consumo y las tarjetas de crédito. Las tasas que se cobran son, algunas, escalofriantes más de 150 a 170%. Frente a este tema, más de 40 países aplican la tasa de usura, que en Chile y Colombia funciona así: el regulador calcula la tasa de interés promedio y se le aplica un 50% adicional como máximo.

Aquí se ha puesto el grito en el cielo (otra vez, no hubo cambio anticipatorio) diciendo que el proyecto es inconstitucional. Y no lo es porque la Ley Orgánica del BCR contempla esa posibilidad (Art. 52). Ahora bien, lo más probable es que el proyecto del congresista Luna sea “populista” e inviable y deba ser observado.

Pero eso no impide que el tema se discuta y se tomen los recaudos adecuados para cuidar el acceso al crédito de las personas y empresas de menores ingresos, como se ha dicho en un editorial de este diario (27/12). Una ley bien elaborada como la de diciembre de 2013 en Chile puede permitir la baja de la tasa de interés a niveles del 30 a 40% a esos sectores, como lo dice la Superintendencia de ese país (ver gráfico), lo que significa mayores ingresos para las MYPES, más inversión y más empleo.

Y las menores tasas de interés por las tarjetas de crédito permiten a las personas orientar sus ingresos a otros consumos y reactivar la demanda en su conjunto. Y que esos ingresos no vayan simplemente a aumentar las utilidades del oligopolio bancario peruano, que tiene el diferencial de tasas activas y pasivas más grande de toda América Latina. ¿Por qué no discutirlo? Porque el gobierno y los bancos dicen que “eso es volver al caos”. ¿Por qué? ¿Es que nuestros socios de la Alianza del Pacífico son también grandes “populistas”? Si el gobierno insiste en decir que el cambio “lo va a hacer el mercado, que tengamos paciencia”, entonces los problemas seguirán.

Ricardo Lagos, expresidente de Chile, dijo en el 2015 que si no se hacían cambios anticipatorios vendrían cambios revolucionarios. Tenía razón. La ley agraria, las pensiones, las comisiones de los bancos son el anticipo de lo que puede venir.

Veamos la mejor forma de hacer los cambios, pero hagámoslos. Hay vasos comunicantes, no compartimentos estancos. Y nada está escrito en piedra.