Gobierno de Colombia pide atender demandas para anular despenalización de aborto

El Ministerio de Justicia de Colombia instó formalmente a la Corte Constitucional que atienda las peticiones de varios ciudadanos que le habían solicitado que se anule la sentencia C-055 del pasado febrero, en la que se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

En un escrito dirigido al magistrado Antonio José Lizarazo, que fue uno de los ponentes del caso, el ministerio “solicita respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional acceder a las solicitudes de nulidad de la sentencia C-055 de 2022, formuladas por los diferentes intervinientes dentro del proceso”.

“No estamos pidiendo que se anule la sentencia”, aseguraron este viernes a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, que puntualizaron que lo que el escrito pretende es explicar su punto de vista —que es contrario a la decisión de la Corte— y pedir que se atiendan las “solicitudes de nulidad formuladas contra la sentencia C-055 de 2022″.

El Gobierno, con el presidente Iván Duque a la cabeza, ya se mostró contrario a la decisión de la Corte del pasado 21 de febrero, que no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero mantiene las tres causales para acceder a él y además da un plazo de seis meses a las gestantes que quieran poner fin a su embarazo.

Hasta el momento, la Corte Constitucional ha recibido una veintena de peticiones para que se revise la decisión y se anule, pero ninguna de ellas es del Gobierno o de ningún ministerio.

Sin embargo, en la carta fechada el pasado 17 de junio, el Ministerio de Justicia insiste en que la Corte Constitucional se pronunció sobre “cosa juzgada constitucionalmente”, es decir, que este mismo tribunal ya se había pronunciado en 2006 sobre el delito del aborto incluido en el Código Penal al imponer tres causales que lo eximían: salud o riesgo de la madre, malformación del feto o violación.

Esta noticia se conoce el mismo día que el Tribunal Supremo de EE. UU. decidió anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, una sentencia que tres estados —Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur— ya han aplicado prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros 23 estados lo podrán hacer a corto plazo.