Congreso español aprueba medidas para proteger el derecho a la vivienda tras huelga general y multitudinarias protestas

La Diputación Permanente del Congreso español aprobó este jueves 12 de noviembre el decreto para reforzar el acceso a la vivienda con 35 votos a favor y 34 en contra. Este órgano de 69 integrantes sostiene la actividad parlamentaria tras la disolución de las Cortes ante las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Según informó Servimedia, la ministra Isabel Rodríguez manifestó su deseo de que en los comicios "gane el derecho a la vivienda".

La votación evidenció las diferencias políticas sobre cómo abordar la crisis residencial un día después de la huelga general contra el encarecimiento de los alquileres. Durante la jornada de protesta del miércoles, que exigió un hogar digno y la recuperación del poder adquisitivo, AFP reportó concentraciones de 120.000 personas en Madrid y 55.000 en Barcelona.

El Real Decreto-ley 29/2026 frena los desahucios hasta 2030

El Real Decreto-ley 29/2026 paraliza los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Según detalla el Boletín Oficial del Estado, esa moratoria varía conforme al perfil del demandante y las circunstancias del proceso judicial. Para ciertos propietarios, el texto fija revisiones periódicas, un plazo tope de tres años desde la suspensión e indemnizaciones en los casos estipulados.

• María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias y patrimonio familiar: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”
• Ferran Adrià, exlíder de El Bulli, sobre las hamburguesas y papas de McDonald’s: “No me gusta pero tengo mucho respeto, porque yo a 4 euros no sabría hacerlo mejor”

Con el fin de frenar la especulación inmobiliaria, la normativa veta durante ese lustro las compras inferiores al 70% del valor ajustado de tasación independiente. La prohibición recae sobre fondos inversores en activos o carteras hipotecarias impagadas y empresas catalogadas como grandes tenedoras. Sin embargo, el decreto exime aquellas transacciones vinculadas a fines sociales, residencia asequible o asistencia a ciudadanos desfavorecidos.

De acuerdo con La Moncloa, el plan también regula las rentas e impulsa el acceso a la primera propiedad. Hasta diciembre de 2027, congela las subidas anuales de arrendamientos que rebasen el índice de referencia, pero establece un tope del 2% por debajo de dicha marca si falta consenso. Finalmente, habilita créditos sin intereses de hasta 50.000 euros para abonar la entrada del hogar y grava con un 10% de IVA ciertos alojamientos turísticos.

El Congreso rechaza la renovación automática de alquileres y el PP promete derogar las medidas si gobierna

El Parlamento rechazó por 35 votos frente a 34 el segundo decreto del Ejecutivo para garantizar la estabilidad en los arrendamientos, debido al giro del PNV hacia la oposición. La iniciativa buscaba imponer prórrogas sucesivas y obligar al propietario a abonar una compensación mínima de doce mensualidades, calculadas bajo el índice estatal de referencia, si decidía interrumpir la relación contractual.

Esa penalización económica contemplaba excepciones legales, como la recuperación del inmueble para uso propio o de familiares directos por parte de personas físicas. Asimismo, dicho mecanismo difiere de la extensión extraordinaria de hasta dos años aprobada en el primer paquete normativo, un beneficio exclusivo para los inquilinos que acrediten los requisitos exigidos, según los registros de La Moncloa.

Por su parte, el Partido Popular (PP) advirtió que anulará estas disposiciones si gana los comicios del 29 de noviembre, según AFP. El futuro del marco regulatorio depende ahora de las urnas, tras un adelanto electoral provocado en octubre cuando las Cortes tumbaron el plan inicial de Pedro Sánchez frente a la emergencia habitacional.