El presidente de Polonia ordena a la Policía retirar el bloqueo al Constitucional y convoca consultas de emergencia

El conflicto por la composición y dirección del Tribunal Constitucional de Polonia escaló luego que se anunciara la suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión, comunicada por la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, provocó un despliegue policial en la sede judicial de Varsovia y movilizaciones de simpatizantes del partido conservador Ley y Justicia (PiS).

Ante el agravamiento de la situación, el presidente Karol Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal, donde tenía previsto asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ordenó el regreso de su avión a la capital polaca.

A su llegada, el mandatario se reunió en el Palacio Presidencial con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, antes de trasladarse a la sede del Tribunal Constitucional. Imágenes difundidas por medios locales mostraron momentos de tensión cuando Nawrocki intentó ingresar al edificio, en medio de un cordón policial y la presencia de manifestantes.

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Posteriormente, el portavoz de la Presidencia, Paweł Szefernaker, leyó una declaración oficial en nombre del jefe de Estado, quien denunció una violación del orden constitucional y una toma por la fuerza de una institución estatal.

En el comunicado, Nawrocki afirmó que había consultado la situación con el presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco consideraba legales las actuaciones de las personas que, según el mandatario, se habían atribuido el poder dentro del Tribunal Constitucional.

Asimismo, exigió que "se restablezca el orden jurídico" y reclamó que las fuerzas de seguridad desplegadas por el Gobierno de Donald Tusk abandonaran las inmediaciones del tribunal.

El presidente también convocó consultas urgentes con representantes de las fuerzas parlamentarias, argumentando una amenaza para la seguridad interna y la necesidad de estabilizar la situación política y restablecer el orden constitucional.

Protestas y acusaciones de golpe de Estado

La presencia policial en los alrededores del Tribunal Constitucional provocó concentraciones de simpatizantes del PiS, partido que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. Los manifestantes respaldan a los jueces designados durante esa administración y consideran que el actual Ejecutivo pretende apartarlos para modificar el control de la institucionalidad.

Decenas de agentes antidisturbios bloquearon los accesos al edificio. Durante las movilizaciones, algunos participantes intentaron franquear las barreras de seguridad, mientras coreaban consignas contra el primer ministro. La Policía informó de tres detenciones.

La cuenta oficial del Tribunal Constitucional también intervino en la controversia y denunció un golpe de Estado. Además, sostuvo que Korwin-Piotrowska no representaba legítimamente a la institución y calificó de ilegales las actuaciones relacionadas con el cambio de dirección.

Entre los asistentes a las protestas estuvieron el líder del PiS, Jarosław Kaczyński; el exprimer ministro Mateusz Morawiecki; la expresidenta del Tribunal Constitucional Julia Przyłębska y el propio Święczkowski. Kaczyński calificó los acontecimientos como un ataque contra el tribunal y pidió que continuaran las movilizaciones. También advirtió el riesgo de un posible Estado policial.

Disputa por los nombramientos judiciales

La confrontación tiene como trasfondo las diferencias entre el Gobierno centrista de Donald Tusk y la derecha nacionalista por la composición del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo intenta desde hace semanas separar de sus funciones a jueces nombrados durante los gobiernos de PiS. La controversia se intensificó a principios de este año, cuando Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis magistrados propuestos por el Parlamento. A su vez, Święczkowski rechazó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran funciones.

La situación se complicó con la designación de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno de Tusk, como juez del Tribunal Constitucional. El presidente también se negó a tomarle juramento.

La agencia oficial de noticias polaca PAP informó que Święczkowski y su adjunto, Sochański, habían sido suspendidos durante un mes por orden de Korwin-Piotrowska. Sus nombres desaparecieron de la página web del tribunal, mientras la magistrada anunció que asumía la presidencia de la institución.

Sin embargo, la dirección anterior cuestionó la legalidad de la medida e insistió en que Święczkowski continuaba en funciones. La cuenta oficial del tribunal también denunció una toma ilegal de su página web. El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, informó, por su parte, que había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Święczkowski y Sochański.