
Chile se prepara para inaugurar en noviembre de 2026 un servicio de transporte marítimo comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino (denominado Stanley por el Reino Unido), operado por Easter Island Naviera. El anuncio del alcalde Claudio Radonich surge en una coyuntura diplomática compleja con Argentina, marcada por recientes disputas sobre la delimitación del territorio austral en el estrecho de Magallanes.
La ruta genera un dilema internacional, ya que la administración chilena respalda la soberanía trasandina sobre las islas Malvinas mientras autoriza este enlace directo con la zona bajo dominio británico. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna afirmó que el país puede habilitar la trayectoria en la medida que cumpla con las normas vigentes, precisando además que los acuerdos previos con Buenos Aires abordan exclusivamente las actividades ilegales de extracción de recursos.
La Falkland Islands Development Corporation (FIDC) firmó un acuerdo con una empresa naviera chilena para abastecer el archipiélago desde Punta Arenas con alimentos, gas licuado y materiales de construcción. Ese proyecto busca restablecer el transporte naval directo hacia Puerto Argentino. Ante este avance comercial, Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de la FIDC, afirmó que “existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Malvinas”.
La motivación central radica en la optimización logística de los trayectos. Actualmente, Montevideo funciona como el único puerto sudamericano con viajes periódicos hacia la zona, lo que implica una travesía de 2.000 kilómetros. La alternativa magallánica recortará dicha distancia al 50%, lo que abaratará costes operativos e impulsará intercambios estimados en US$20 millones al año para la economía local.
El trayecto operará mediante navíos privados bajo pabellón extranjero para eludir las restricciones del Mercosur de 2011, normativa que prohíbe el atraque de embarcaciones con la bandera del territorio insular. Hasta la fecha, Argentina no emite autorizaciones oficiales. No obstante, las autoridades diplomáticas chilenas ratificaron que respaldarán el flujo mercantil siempre que las operaciones acaten la regulación vigente.
El Decreto 256/2010 de la Casa Rosada exige un permiso previo a toda embarcación que navegue entre la Argentina continental y las Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur, extendiendo la exigencia a quienes crucen sus aguas jurisdiccionales. La aplicación de esta norma dependerá del trazado definitivo que adopte la nave. Frente a esa exigencia formal, “la eventual necesidad de un permiso dependerá del recorrido exacto que adopte el buque”, según el Gobierno de Argentina.
En el ámbito diplomático, Buenos Aires interpretaría el viaje como una asistencia logística a la administración británica. Esto sucede en un momento tenso, justo cuando José Antonio Kast y Javier Milei reafirmaron el respaldo chileno a la soberanía trasandina. Paralelamente, la nación vecina solicitó evitar el fomento de la pesca e hidrocarburos en el área disputada, mientras que Santiago juró que la línea solo trasladará víveres comerciales.
Aquel panorama suma fricción a la reciente molestia por el atraque en Punta Arenas del patrullero británico HMS Medway y a los desacuerdos sobre el estrecho de Magallanes. Ante el escenario, el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, advirtió en entrevista con Tele13 Radio que “va a haber problema”. La resolución final del conflicto quedará supeditada al pabellón, la mercadería, el itinerario del navío y la postura que adopte el Ejecutivo trasandino tras la recalada inicial.





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