Informe en el caso ‘Plus Ultra’ acusa presunta mediación del expresidente español a favor del Grupo Gloria en Bolivia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros a cambio de realizar gestiones ante autoridades de Bolivia en beneficio del Grupo Gloria, conglomerado peruano que afrontaba un litigio millonario en ese país.

La información figura en un nuevo informe remitido al juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. De acuerdo con los agentes, el dinero fue abonado entre 2024 y 2025 por Focus Social Research mediante un contrato de asesoría que habría servido para encubrir servicios no relacionados con la actividad de esa compañía.

La UDEF considera que la empresa habría actuado como una empresa interpuesta y que el verdadero beneficiario de las gestiones era el Grupo Gloria. El conglomerado peruano tiene inversiones en distintos países de América Latina y participa en sectores como alimentos, cemento, agroindustria, transporte, papel y cartón.

El caso se encuentra vinculado a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), empresa controlada por el Grupo Gloria, que mantenía una disputa judicial con la estatal Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Esta última había denunciado a Soboce por competencia desleal y reclamaba una indemnización de US$107 millones.

Según la reconstrucción policial, el contrato de Zapatero con Focus Social Research establecía honorarios de 200.000 euros, repartidos en tres pagos. También contemplaba una dieta de 10.000 euros diarios, además de los gastos correspondientes, cuando el asesoramiento requiriera viajes.

Los investigadores identificaron una primera transferencia de 100.000 euros en julio de 2024 y otros dos abonos de 50.000 euros en junio de 2025. Los pagos fueron hallados entre la documentación registrada en el despacho del exmandatario y en los mensajes intervenidos a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Contactos con el Gobierno de Luis Arce

Las gestiones habrían comenzado en mayo de 2024, después de una reunión entre Zapatero y Carmen Almendras, exembajadora boliviana en España y asesora de la consultora Kreab Bolivia. Días después, la oficina del expresidente preparó el borrador del contrato de asesoría.

El informe señala que Zapatero se reunió virtualmente con representantes del Grupo Gloria a finales de ese mes. Posteriormente, su secretaria inició las coordinaciones para obtener encuentros con miembros del Gobierno boliviano.

En septiembre de 2024, el exmandatario viajó a Bolivia y mantuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La Policía también identificó gestiones para establecer contacto con el ministro de Justicia, César Adalid Siles, y con el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Los agentes vinculan esas comunicaciones con la situación judicial de Soboce. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia confirmó la obligación de pagar la indemnización de US$107 millones a Fancesa. Un mes después, la empresa presentó un amparo constitucional alegando la vulneración de sus derechos.

En mayo de ese año se intensificaron los contactos. Los mensajes analizados por la UDEF muestran que Zapatero buscó hablar nuevamente con Arce y que su secretaria solicitó el número del procurador general. También se registró una conversación del exmandatario con el titular de Justicia.

El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió el amparo solicitado por Soboce y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba el pago. La decisión no es definitiva, pues el Tribunal Constitucional Plurinacional debe confirmarla o revocarla.

La UDEF destaca que las dos últimas transferencias, por 50.000 euros cada una, fueron realizadas semanas después de la resolución favorable a Soboce. Para los investigadores, la sucesión de reuniones, conversaciones, decisiones judiciales y pagos apuntaría a una "trama organizada de tráfico de influencias" destinada a beneficiar al grupo peruano.