EE.UU. sanciona a viceministro del régimen de Ortega‑Murillo por "graves violaciones de derechos humanos" en Nicaragua

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones contra Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior de Nicaragua, debido a su responsabilidad en transgresiones contra la integridad humana, lo que calificaron como "graves violaciones de los derechos humanos". La medida prohíbe el ingreso del funcionario a territorio estadounidense, bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones de 2026, tras la restricción de su visa.

Rubio denunció mediante un comunicado que "hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen". Con este acto, la Administración Trump busca honrar la memoria de las más de 325 víctimas mortales registradas durante los disturbios sociales.

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Más sanciones contra la familia Ortega-Murillo y mineras

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los nueve hijos de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a cinco funcionarios y siete empresas del sector aurífero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que esos actores "ayudan a la dictadura a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" mediante la explotación de oro. Según el organismo, los señalados participan además en la "incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses" en el país, vinculadas a dicha industria extractiva.

Esa ofensiva económica de Washington responde a la crisis social iniciada bajo el régimen de Ortega, quien ejerce el poder desde hace casi dos décadas. El Gobierno de Trump sostiene que la represión actual reprime voces disidentes con violencia sistemática. Simultáneamente, la misión diplomática en Managua denunció el cautiverio de personas enfermas o de avanzada edad.

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EE.UU. frente a las confiscaciones en Nicaragua

El USDT, a través de la OFAC, denunció la incautación ilegal de una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega-Murillo. La operación afectó directamente a inversionistas estadounidenses, quienes fundaron la compañía minera en 2019 y sufrieron la ocupación de sus instalaciones sin recibir retribución económica alguna. Tras el despojo de la infraestructura, el régimen nicaragüense procedió a revocar la licencia de funcionamiento de la firma afectada, mientras exportaba grandes volúmenes de oro hacia el mercado de Washington bajo una estructura de control estatal.

El Departamento de Estado (DOS) señaló que, desde 2020, la administración sandinista transformó el sector aurífero en una "compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio". Según el comunicado oficial, esas acciones buscan consolidar un esquema dinástico donde los hijos de la pareja presidencial ocupan cargos públicos estratégicos para asegurar sus objetivos financieros.

Mediante esta reestructuración, la cúpula gobernante centraliza el poder económico y utiliza los recursos naturales del país para perpetuar su dominio ilegítimo, desafiando las normativas internacionales de comercio y transparencia.